Por esto no había venido aquí...

Y sí, como comentaba en el post anterior, ahora escribo periódicamente en un diario local un artículo de opinión política, que en la medida de lo posible intento que sea de análisis. Aunque también ahora por cuestiones laborales debo viajar con cierta frecuencia y en muchas de esas ocasiones he tenido que escribir mis textos aprovechando los habituales retrasos en los vuelos de regreso hacia la Ciudad de México.

De modo que en cierta medida me he convertido en eso que tanto criticaba: un vil escribidor de aeropuerto.

Y aunque ya me acostumbré a ser un desconocido articulista local, de vez en cuando me publican en un espacio de opinión en un diario de circulación nacional, por el favor de un buen amigo que también piensa -el pobre- que escribo bien,

Y como decía mi abuelita "hay que presumir cuando se puede".

Pues bien, les presumo esos textos a modo de justificación del abandono de esta atalaya de pendejadas y asuntos sin importancia.

Pepe el Toro ¿es inocente?

¿Estado fallido? No. Gobiernos con fallas

El tejido social

Narcotráfico y violencia

Acerca de las huellas

Llego a este espacio como quien llega nuevamente a la casa que dejó hace muchísimos años, cuando por determinadas circunstancias tuvo que alejarse; es decir, vengo a reconocer mis letras, a revisar que todo ha quedado igual desde la última vez que estuve aquí y -parafraseando a Hannah Arendt- a remover el polvo acumulado durante todo este tiempo por la montaña de escombros de lo que fueron aquellos pilares.  

No sobra decir que también llego hasta aquí robándole unos minutos a mi tiempo godinezco (para quienes me leen provenientes de otras latitudes -por extrañas, curiosas y hasta cómicas razones este espacio y su autor son leídos desde otras partes del mundo- lo "godinezco" hace referencia al estilo de vida de los oficinistas que abarrotan los espacios de trabajo de los grandes corporativos en las zonas urbanas, caracterizados por su pusilanimidad, falta de conciencia crítica, frivolidad y precariedad económica), siempre demasiado escaso. 

La razón de esta vuelta es que en días recientes distintas personas, en distintas circunstancias, me han hecho reflexionar acerca del hecho de que mis estupideces no lo son del todo, porque en algo las encuentran interesantes y, en los casos más patológicos, hasta aleccionadoras. 

Y yo que cuando abrí este espacio pensé que nadie lo leería y que mis textos, además de ser un divertimento personal, eran también una forma de terapia para aliviar dolores de juventud que vistos a la distancia de mi chavorruqez (para los de fuera, va la definición; chavo ruco: dícese del individuo de más de treinta años que aun comete las mismas idioteces de cuando tenía veinte) eran puras payasadas que me ayudaban a construir la pose de intelectual incomprendido y pretencioso. 

Ahora que me encuentro con personas que me dicen que me han leído y que les gustaba lo que leían, siento que no soy tan malo en esto del oficio de la escribidera. O quizá sí lo soy y esos lectores son más bien unos legos que no saben diferenciar un artículo de un pronombre; o al revés, son unos refinadísimos intelectuales que saben apreciar la prosa alternativa y las ideas contestatarias. 

Porque lo cierto es que ahora también escribo de manera formal, para un mundialmente desconocido diario local. Pero ahí, por culpa de la editora, no puedo ser tan genuino (mala leche, dirían algunos; insensiblemente socialista, dirían otros) y debo autocensurar mi estilo. 

Como sea, lo importante es que he venido aquí nuevamente como quien regresa al punto de partida. Y en este retorno es inevitable observar a través de las letras el contraste entre el antes y el ahora de mi temas y preocupaciones. 

Antes me importaban tópicos trascendentales como el Ser y la Nada, Dios y el Tiempo; ahora me preocupan las rebajas del Cyber Monday, los informes semestrales, el outfit para el brindis de fin de año y el final de Gilmore Girls en Netflix. 

Antes era pretencioso, ahora soy frívolo. Pero así y todo, intentaré reivindicarme animado por las buenas opiniones que he escuchado recientemente. Porque parece que en algunas personas he dejado alguna especie de huella y les pido perdón por eso. 

No prometo nada. Pero intentaré venir aquí más seguido. 

Legalizar o no legalizar, ¿esa es la cuestión?

El amparo concedido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMART) para consumir marihuana con fines recreativos ha conferido seriedad y relevancia al debate en torno a la legalización de las drogas como mecanismo neutralizar los índices de violencia y criminalidad asociados al narcotráfico en México.

No obstante, más allá del dilema de legalizar o no la producción, comercialización y consumo de marihuana, que es la única droga que ha suscitado una suerte de frente común internacional en contra del prohibicionismo gubernamental, hay una realidad más compleja. Y es que, en efecto, el narcotráfico y la drogadicción son dos problemas que pueden ser enfocados desde múltiples ángulos de los cuales, a su vez, surgen múltiples explicaciones e igualmente múltiples intentos de solución vinculados todos ellos a la prohibición y al combate punitivo, pero apenas muy poco a la prevención. En este sentido es muy atinado el diagnóstico de Pablo Girault, integrante de la asociación amparada por la Corte, cuando afirma que “la política prohibicionista no ha generado ni un solo bien, sino muchos males, incluyendo más de 100 mil muertos, 70 mil desaparecidos, 270 mil desplazados (…) El tema de fondo no es si podemos fumar marihuana o no… no quiero que me lo diga el Estado, sino yo decidirlo” [El Universal, 05/11/2015].

De modo que un paso previo al dilema de la legalización o no de las drogas y a su respectivo debate es diferenciar claramente entre narcotráfico y drogadicción, pues aunque son problemas vinculados cada uno precisa tratamientos diferenciados; amén de que tener clara la distinción ayuda a elevar el nivel argumentativo del debate y evitar dislates tan lamentables como el del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, quien haciendo gala de su doctoral desinformación declaró hace poco que las “elites empresariales o gubernamentales” y no el Poder Judicial serían las que decidirían sobre el amparo a SMART.

Así pues, en el caso de la drogadicción la cuestión no es si la legalización elevará los índices de adictos, agravando con ello un problema de salud pública, sino adicionalmente a la política de prohibición qué ha hecho el Estado para evitar que dichos índices crezcan. A juzgar por las estadísticas parece que muy poco, pues según datos de la encuesta más reciente sobre adicciones publicada en 2011, el consumo de drogas ilegales en México se duplicó en una década al pasar de 0.8 a 1.5% entre personas de 12 a 65 años de edad. Pero no sólo eso. Según estimaciones de especialistas en salud pública de la UNAM, el consumo de marihuana ya supera al del tabaco en 18 estados del país; además de que la edad promedio de consumo ha disminuido de los 15 a los 12 años de acuerdo con información recabada por Instituto para la Atención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA). Estos datos obligan no sólo a reflexionar sobre la eficacia de las políticas de prevención, sino a preguntarse algo todavía más básico que es porqué las personas se están drogando a edades más tempranas, cuáles son las causales del entorno social, familiar e individual que están empujando a los niños y jóvenes a consumir drogas, pues no se trata únicamente de falta de información.

Por otra parte, en lo que hace al problema del tráfico de drogas la legalización sería una solución parcial, probablemente no tan efectiva para paliar todos los efectos de la problemática de criminalidad que circunda a esa actividad que hasta ahora ha sido afrontada como un problema de seguridad pública, empleando a la fuerza policial y militar para combatir a la estructura operativa de los cárteles con el objetivo de debilitar su capacidad de fuego, pero se ha hecho muy poco en el aspecto medular que es el financiero, a tal punto que la DEA ha llegado a estimar que en la economía nacional hay un excedente de entre 9 mil y 10 mil millones de dólares no justificados por una fuente legítima de ingresos. En otras palabras, se ha hecho muy poco en el combate al lavado de dinero.

Una solución integral tendría que pasar necesariamente por enfocar al narcotráfico como lo que realmente es: una actividad altamente lucrativa que genera ganancias anuales de alrededor de 40 mil millones de dólares, según cálculos de algunas agencias internacionales y centros académicos. Al respecto, paradójicamente el combate policíaco-militar lejos de vulnerar esta faceta del fenómeno la encarece, pues el decomiso de un cargamento propicia que el valor del siguiente aumente por los costos logísticos (nuevas rutas, nuevos métodos de embalaje, incremento de las sumas destinadas a la corrupción o cooptación de las autoridades locales, etcétera) y la inelasticidad de la demanda. Sin embargo esta solución también tendría que acompañarse de una estrategia para sustituir  las entradas de dinero ilícito por dinero lícito a la economía, a fin de que cuando el tráfico de drogas eventualmente deje de ser una actividad comercial fuertemente atractiva, se compense el flujo de ingresos que se dejaría de recibir por concepto de trasiego de estupefacientes, así como para poder incorporar a la economía formal y legal al poco más de medio millón de personas que participan actualmente de forma directa en la economía narca (en este sentido la revista Este País estimó en 2009 que el narcotráfico era el quinto empleador más grande de México).

Asimismo, para debilitar al narcotráfico como negocio altamente rentable dicha solución tendría que mapear con claridad la ruta del dinero. Y es ahí donde el riesgo de pisar cayos de gente “decente” se volvería muy alto, porque implicaría rastrear en el sistema bancario el origen y destino de esos recursos. De ahí quizá la persistencia gubernamental en la estrategia reactiva de combate policial y el aparente poco impulso a las investigaciones de inteligencia financiera.

Visto desde esta amplia perspectiva, el dilema de legalizar o no la marihuana parece muy menor, pero lo importante es que con el fallo de la Corte -así sea por el momento limitado únicamente a las cuatro personas integrantes de SMART- se ha elevado el nivel del debate, obligando al Legislativo y al Ejecutivo a enfocar el problema desde nuevos ángulos para idear e implementar soluciones diferentes a la punición y la prohibición.  

O al menos eso es lo que parece. 

Publicado en El Imparcial 06/11/2015

La violencia que no cede

En días recientes dos acontecimientos locales trascendieron hacia lo nacional y conmocionaron a la opinión pública debido a que tienen como denominador común la violencia. Se trata de la aparición de un cuerpo sin vida pendiendo de un paso vehicular elevado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal y el linchamiento de dos jóvenes encuestadores en Ajalpan, Puebla.

Además de las implicaciones sociales y políticas, ambos casos son significativos por su coincidencia temporal pero principalmente porque denotan dos expresiones de violencia que dan cuenta del nivel de disfuncionalidad y anomia prevaleciente en ciertos sectores de la sociedad, así como de la penetración generalizada de este fenómeno en el tejido social.

En el primero de los casos las características del homicidio, la forma de darlo a conocer y la intencionalidad de este último acto no dejan lugar a dudas de que hay una abierta disputa entre bandas de narcotraficantes por el control territorial de determinadas zonas del Distrito Federal. De modo que por más que la autoridad local se empeñe en negar que los grandes cárteles de la droga operan en la capital del país, el impacto mediático del acontecimiento le inyecta una fuerte presión al gobierno de la ciudad para reconocer el problema y enfrentarlo con las  medidas adecuadas.

No obstante, lo que más debería de preocupar a la opinión pública además de la sensación de inseguridad respecto a la integridad física que no se había sentido en la Ciudad de México, ni siquiera en los años más álgidos de la denominada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, es el nivel de ensañamiento mostrado en la ejecución del “colgado de Iztapalapa” -como le han llamado algunos medios de comunicación a éste caso- porque da cuenta de un gravísimo nivel de descomposición social en el cual la noción de dignidad de la persona ha desaparecido por completo.

En el caso de los jóvenes encuestadores linchados en Ajalpan, Puebla, amén de la indignación producida por la incapacidad de la autoridad municipal para hacerse valer ante una turba enfurecida y abdicar de su función de aplicar la ley, lo más preocupante es la constatación de que los niveles patológicos de violencia no son exclusivos de los cárteles de narcotraficantes, sino también de personas ordinarias que cegadas por el miedo y la ignorancia pueden cometer atrocidades amparadas bajo el anonimato y la impunidad que brinda la multitud.

Dado que ambos casos comparten como factor común la violencia extrema, es propicio reflexionar respecto a la eficacia de la estrategia ejecutada por el Estado para afrontar este fenómeno desde la perspectiva de la seguridad pública. En este sentido hay que consignar que se trata de medidas reactivas que no atienden el fondo del problema que es la genealogía social de la violencia, es decir las circunstancias o situaciones subyacentes en la sociedad que han propiciado el surgimiento de comportamientos criminales ya no necesaria o primordialmente asociados y/o explicados a partir de la situación socioeconómica de quienes los realizan, sino del resentimiento social que su condición de precariedad les produce. En otras palabras, parece que en los días y los años que corren ya no se delinque para sobrevivir a la pobreza, sino para vengarse de la sociedad.

Así pues, el carácter reactivo de la estrategia estatal de seguridad pública se expresa en los intentos de mitigar la violencia con más violencia, sólo que ésta última institucionalizada por la autoridad a través de más efectivos policíacos y armamento, sin contar con -o ignorando la existencia de- diagnósticos que identifiquen las causas específicas del problema. De esta manera, no importa si la violencia está asociada a la disputa territorial entre bandas de la delincuencia organizada; o al miedo, la zozobra y la ignorancia de una localidad alejada de los centros urbanos, la medida siempre es la misma: enviar más policías a la zona donde se registra problemática, sea para azuzar la escalada de violencia con más enfrentamientos, sea para apaciguarla temporalmente.

Sin embargo, más allá de la ejecución de determinados programas de rescate de espacios públicos principalmente en zonas urbanas, no se ha visto un análisis  sociológico que identifique las causas específicas que están produciendo niveles de sociopatía como los mostrados por los sicarios al servicio de los carteles del narcotráfico en sus ejecuciones, o por una turba de habitantes de una comunidad sumida en la miseria y el miedo.

El que un grupo de personas -sicarios o pobladores enfurecidos- sea capaz de someter, torturar y asesinar a otras personas sin sentir el menor remordimiento, conmiseración o culpa, es indicativo de altísimos niveles de resentimiento, odio y ausencia o incapacidad de discernimiento ético; lo cual, a su vez, implica que algo en la estructura social no está funcionando bien o ha dejado de funcionar. Y no se trata únicamente de la desigualdad e inequidad producidas por el sistema económico, como sostiene con cierta dosis de ingenuidad un sector de la izquierda cuando explica/justifica que la inseguridad y la delincuencia derivan de la pobreza que pervierte la bondad innata de los seres humanos.

No. Se trata de cuestiones más complejas, como el desmedido aspiracionismo hacia un estilo de vida francamente incosteable para amplísimas capas de la sociedad fomentado por los medios de comunicación; la disfuncionalidad de la familia como célula básica del tejido social; o la ineficacia de la escuela como centro difusor de valores cívicos y éticos, por no hablar del socavamiento de la autoridad de los profesores.

En tanto no existan políticas públicas que atiendan estos problemas, la estrategia reactiva implementada por el Estado para mitigar los niveles de violencia continuará arrojando resultados muy limitados y esa entelequia denominada legalidad seguirá siendo sólo una utópica aspiración de febriles mentes ilustradas. 

Publicado en El Imparcial 23/10/2015

El lejano 2018 y los futurismos del presente

Hace unas semanas en un evento de la industria acerera realizado en la Ciudad de México, los asistentes a uno de los paneles de trabajo cuestionaron con mucho interés a un reconocido comentarista político acerca de los posibles candidatos presidenciales hacia 2018, a lo que éste respondió que aun era muy prematuro pensar en aspirantes definitivos, pero que sin duda uno que estará en la boleta electoral de junio de ese año será Andrés Manuel López Obrador como candidato del partido que él mismo fundó. Pero de eso a que tenga posibilidades reales de ganar ya es otra historia que depende de muchos factores, los más de ellos ajenos al propio López Obrador. Y si bien el 2018 aun está muy lejos, no está de más plantear algunas consideraciones que le orienten a usted, estimado lector, en el intento de comprender el complejo panorama que se observa de aquí a esa fecha.

Así pues, lo primero que hay que tener en cuenta es que el universo de aspirantes pese a parecer demasiado amplio, en realidad se circunscribe a los actores que actualmente se desenvuelven en el escenario político nacional; esto es, que difícilmente podrá surgir un aspirante fuerte a la silla presidencial de los candidatos –principalmente a gobernadores- que triunfen en los comicios locales de 2016 y 2017. Aunque el control territorial que adquieran los partidos a partir de los resultados de esas elecciones será un factor estratégico para la articulación de las estrategias de campaña y por consiguiente, de sus posibilidades de triunfo.

A partir de esa premisa fundamental es que las encuestadoras han comenzado a realizar algunas mediciones, en las cuales es necesario aprender a diferenciar entre el nivel de conocimiento de un personaje y su intención real de voto. Así, el que un aspirante sea el más conocido no significa que sea el que concentra la intención más alta del voto, pues ésta depende entre otros factores de los niveles de aceptación (conocidos como “positivos”) o de rechazo (“negativos) de su imagen. El caso de López Obrador es muy ilustrativo de esta situación. En varias encuestas aparece como el aspirante más conocido, pero también como el que más negativos concentra (ya si las encuestas están bien diseñadas o responden a una intencionalidad específica de quien las realiza o quien paga su realización, es otro aspecto que quizá en alguna otra oportunidad se podría abordar en este espacio). Lo anterior se refleja en su intención real de voto que está por debajo del 30% y concentrada principalmente en zonas urbanas del centro-sur del país.

Por otra parte y pese a que discursivamente por lo menos desde los años noventa del siglo pasado los partidos mexicanos se movieron hacia el centro, la inclinación ideológica de la sociedad mexicana hacia el centro-derecha también es un factor que influye en forma decisiva en la conformación de la preferencia efectiva del tal o cual aspirante. Para sustentar esta afirmación basta con observar que en las últimas tres elecciones presidenciales (2000, 2006 y 2012) el PRI y el PAN han sumado en promedio más del 65% de la votación nacional, y si bien el PRI es un partido perteneciente a la Internacional Socialista que agrupa a los partidos de izquierda del mundo, en los programas de gobierno diseñados e implementados por los representantes surgidos de este partido se observa claramente un cariz conservador.

Por lo que hace a una eventual candidatura independiente para la Presidencia de la República, en la cual la opinión pública coloca a personajes como el recién estrenado gobernador de Nuevo León, el ex titular de la SER Jorge Castañeda o al ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, lo cierto es que lejos de contribuir a superar la atadura institucional de la democracia mexicana a los partidos políticos, podría propiciar la continuidad de uno de estos en el poder debido a la fragmentación del voto, ante la cual la disciplina y la lealtad partidista además del control territorial que mencionamos líneas arriba, se vuelven factores estratégicos para sacarle el mayor provecho a ese situación pues en un escenario de una votación fragmentada la capacidad de movilización y el tamaño de las clientelas de los partidos se vuelve crucial. De ahí la conveniencia de que en un futuro no muy lejano se tenga que discutir con seriedad la introducción de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, con la cual se evitaría el triunfo de un candidato con menos del 30% de la votación.

En tanto, las posibilidades de que un fenómeno político-electoral como el del “Bronco” se pueda replicar a nivel nacional son muy acotadas. 

Publicado en El Imparcial 09/10/2015

Iguala a un año ¿fue el Estado? 2 de 3

Como recordará el estimado lector, en la colaboración anterior articulamos dos intentos de respuesta a la consigna enarbolada por diversos sectores de la sociedad encabezados por los familiares de las víctimas y los estudiantes normalistas desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A partir de una noción mínima de lo que es el Estado planteamos en ambas respuestas la existencia de indicios claros de la participación de éste, ya sea por acción u omisión, en los acontecimientos que acenturaron la crisis de confianza y credibilidad en las instituciones y procedimientos de procuración de justicia, además de causar un considerable daño a la imagen internacional de México y a la narrativa con la cual el Gobierno Federal había pretendido promocionar al país como un atractivo destino de inversión, luego de la aprobación de las reformas estructurales realizadas durante los dos primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En esta segunda entrega el objetivo es profundizar en el déficit de confianza institucional prevaleciente en el país como problema estructural, el cual en tanto no sea atendido constituirá el principal riesgo para la implementación de las reformas, así como para la estabilidad y la gobernabilidad en el corto y mediano plazo.

Pero antes es conveniente hacer una precisión analítica en el sentido de que responder afirmativamente a la pregunta de si el Estado tuvo responsabilidad en los hechos de Iguala no es una toma de posición política, sino una conclusión derivada de un razonamiento lógico conceptual de los acontecimientos, en el cual a partir de la información disponible se puede observar que en el nivel municipal el Estado ha sido minado por la delincuencia organizada a tal punto que los servidores públicos de esa esfera responden prioritariamente, sea por miedo o por cooptación, a los intereses de los grupos criminales; lo cual produce la paradoja de que mientras en el nivel más alto (federal) el Estado ha hecho esfuerzos para combatir a la delincuencia, en el ámbito de lo local ésta tiene el poder de controlar a las autoridades municipales y de someter a regiones enteras. Así es como se explica que en éste nivel el Estado haya tenido responsabilidad activa en los acontecimientos de Iguala y en otro (el federal) haya incurrido en una responsabilidad pasiva por su tardía reacción, así como por la falta de sensibilidad, talento y eficacia para conducir las investigaciones ministeriales del caso y la procuración de justicia.

Al respecto hay que mencionar que el desempeño institucional del Estado mexicano cuando menos en el último siglo se ha caracterizado por recurrentes episodios de disfuncionalidad que han desembocado en crisis políticas, sociales y económicas debido a una distorsión de origen persistente a lo largo de ese amplio periodo que es la corrupción, la cual invariablemente ha dado al traste –en la etapa de implementación- al más avanzado diseño institucional que los legisladores y funcionarios gubernamentales hayan podido confeccionar. Y por supuesto, a la corrupción está ligada la ausencia casi generalizada de una cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, que asociada a la desconfianza prevaleciente produce una triada perversa que constituye una debilidad estructural, a partir de la cual surgen otras fallas como la impunidad y la incapacidad del Estado para cumplir su tarea fundamental de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y, por tanto, su déficit de legitimidad expresado en la reticencia de éstos para continuar reproduciendo la dinámica de mando-obediencia.

En este contexto es en el que se explican algunas estadísticas relacionadas con la confianza y la percepción de eficacia de las corporaciones policíacas en el país, como las publicadas en 2014 por México Unido Contra la Delincuencia, según las cuales cuatro de cada 10 mexicanos considera “muy peligroso” ayudar a la policía de su localidad a realizar su trabajo; o las difundidas ese mismo año por el INEGI en el sentido de que casi el 70% de los mexicanos considera “poco” o “nada efectivo” el desempeño de las policías estatales y municipales.

Pero ahí no para el problema. Por lo que hace al siguiente eslabón del proceso de procuración de justicia que son los ministerios públicos la situación es muy similar. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 indican que el 58% de los mexicanos tienen “poca” o “nada” de confianza en los ministerios públicos y las procuradurías. Desde luego, esta situación en gran medida se debe a la impunidad imperante en el sistema de procuración e impartición de justicia, pues tan sólo en el fuero común de los casi 20 millones de denuncias presentadas entre 2000 y 2012 sólo se dictaron poco menos de millón y medio de sentencias condenatorias, es decir, menos del 1%.

Así pues, a partir de esta consideraciones se puede entender la reticencia de los familiares las víctimas de Iguala y de amplios sectores de la opinión pública a aceptar la “verdad histórica” de los hechos ofrecida por la PGR, así como la credibilidad y aceptación que ha tenido el informe acerca de las investigaciones ministeriales realizado por un grupo de presuntos expertos en ciencias forenses, el cual ha servido de excusa para desplazar los elementos técnicos con argumentos políticos que respaldan o condenan determinadas posiciones de los actores involucrados en el tema.

De modo que a partir de estos lamentables acontecimientos que han exhibido el nivel real de desarrollo político en México y el grado de penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de autoridad, sustentado en la corrupción y la impunidad, es factible concluir que en tanto no se ataque la triada perversa corrupción-desconfianza-endeble cultura de la legalidad, inevitablemente persistirá la debilidad institucional. En eso nos enfocaremos en la última entrega de esta colaboración.

Publicado en El Imparcial 27/09/2015 

Iguala a un año ¿fue el Estado? 1 de 3

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que según estimaciones no oficiales perdieron la vida siete personas, veintisiete más resultaron heridas y al menos 43 se encuentran desaparecidas.

Como es sabido, en los acontecimientos estuvieron involucrados un grupo de estudiantes de una escuela normal rural ubicada en Ayotzinapa, las corporaciones policíacas de los municipios de Iguala y Cocula, dos células de la delincuencia organizada en disputa por el control político y criminal de la región y el alcalde de Iguala de filiación perredista; aunque presuntamente por omisión también habrían estado involucrados otros funcionarios públicos estatales de Guerrero, lo que obligó a que en el momento más álgido de las reacciones y movilizaciones sociales nacionales e internacionales que desencadenó este acontecimiento, solicitará licencia a su cargo el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre, quien tres años atrás había ganado la elección luego de renunciar al PRI y ser postulado por el PRD.

La tardía reacción del Gobierno Federal ante lo que en un primero momento evaluó como un conflicto local provocó una serie de críticas y acusaciones por parte no sólo de los agraviados, sino también y principalmente de sus adversarios políticos, quienes contrastaron el discurso oficial de transformación entendida como modernización, fundamentalmente dirigido hacia el exterior para ensalzar el Mexican Moment, con la situación de violencia y vulnerabilidad del estado de Derecho en amplias regiones del país.

En medio de ese contexto comenzó a cobrar fuerza la idea de que el Estado mexicano tenía responsabilidad en los acontecimientos, en gran medida por el antecedente reciente de junio de 2014 en el cual presuntamente el Ejército habría  “abatido” (es el verbo oficialmente empleado en el caso) a un grupo de delincuentes en una comunidad perteneciente al municipio de Tlatlaya, Estado de México. Fue así como apareció la consigna “#FueElEstado” en las movilizaciones que durante los meses siguientes a los hechos de Iguala ocurrieron en varias ciudades del país y del mundo, dando pauta a un debate a medio camino entre lo académico y lo ideológico entre intelectuales militantes en el oficialismo y la oposición.

Hasta ahora dicho debate no se ha resuelto, pero la distancia temporal y la disponibilidad de mayor información dan pauta para revisitarlo desde una perspectiva analítica desprovista, en la medida de lo posible, de inclinaciones hacia una u otra posición con el objeto de allegar a usted, estimado lector, de elementos mínimos para formarse un juicio equilibrado.

Así pues, en principio habría que considerar que hay múltiples definiciones de Estado elaboradas en su mayoría desde perspectivas prescriptivas de lo que debería de ser y no de lo que realmente es. Sin embargo, para no entrar en vicisitudes conceptuales que propicien más confusión que claridad, hay que decir que el Estado es la organización política que se da la sociedad a sí misma, o bien, en que le es impuesta desde el exterior. Esta organización ha tomado múltiples formas a lo largo de la Historia en función del grado de complejidad organizativa de la propia sociedad (tribus, comunidades, feudos, etc), pero siempre articulada a partir de la distinción de los roles fundamentales de mando y obediencia. Así, en cualquier Estado siempre hay un grupo de individuos, generalmente reducido, que ejerce funciones de mando y otro grupo, generalmente amplio, que obedece.

No obstante, esa relación se articula a partir de un arreglo fundacional en el cual el grupo mayoritario se compromete a obedecer a cambio de que el grupo minoritario que manda le garantice el derecho a la vida, o si quiere enfocar de la siguiente manera: la garantía de no sufrir una muerte violenta; para lo cual le autoriza el uso exclusivo de la fuerza a fin de castigar a quienes pretendan vulnerar ese acuerdo.

A partir de esta breve noción estamos en posibilidad de preguntarnos si el Estado mexicano tuvo responsabilidad alguna en los hechos de Iguala y al respecto podemos articular dos intentos de respuesta.

En el primero de ellos habría que considerar que si con la consigna “#FueElEstado” se pretende dar a entender que éste fue el autor material del crimen y la desaparición forzada, la respuesta es sí, porque la policía municipal de Iguala disparó en contra de los autobuses en los que viajaban las víctimas y según la información recaba en las investigaciones ministeriales, habría colaborado con una de las bandas criminales en la desaparición forzada de 43 estudiantes. De modo que al ser el municipio la célula básica de un Estado de tipo federal como lo es el mexicano y al ser la policía la institución encargada del ejercicio exclusivo de la fuerza, existen elementos claros para inferir que sí hubo una participación activa del Estado en los acontecimientos. No obstante, si en la referida consigna por Estado se entiende únicamente al Gobierno Federal como responsable directo, parece que el empleo del concepto tiene una intencionalidad política mas no explicativa.

Por otra parte, en el segundo intento de respuesta habría que considerar si la responsabilidad del Estado es por omisión de su obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, en cuyo caso se tendría que responder afirmativamente: sí, fue el Estado. Pero en esa lógica lo fue no sólo en el caso de Iguala sino en muchos otros en los que su debilidad y la torpeza de los operadores de sus instituciones han causado que regiones enteras se encuentren sumidas en la incertidumbre y la inseguridad por el asedio sistemático de bandas criminales.

Así pues, cuando un Estado falla en su responsabilidad fundamental es indicio de su debilidad estructural, esto es, de que algo en sus cimientos ha dejado de funcionar, o en el caso mexicano de que nunca ha funcionado por distorsiones de origen, como la corrupción que da pauta a la impunidad, a la pérdida de confianza institucional y consiguientemente a la falta de obediencia por carencia de legitimidad. Pero en esto profundizaremos en la próxima colaboración.

Publicado en El Imparcial 20/09/2015