Iguala a un año ¿fue el Estado? 2 de 3

Como recordará el estimado lector, en la colaboración anterior articulamos dos intentos de respuesta a la consigna enarbolada por diversos sectores de la sociedad encabezados por los familiares de las víctimas y los estudiantes normalistas desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A partir de una noción mínima de lo que es el Estado planteamos en ambas respuestas la existencia de indicios claros de la participación de éste, ya sea por acción u omisión, en los acontecimientos que acenturaron la crisis de confianza y credibilidad en las instituciones y procedimientos de procuración de justicia, además de causar un considerable daño a la imagen internacional de México y a la narrativa con la cual el Gobierno Federal había pretendido promocionar al país como un atractivo destino de inversión, luego de la aprobación de las reformas estructurales realizadas durante los dos primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En esta segunda entrega el objetivo es profundizar en el déficit de confianza institucional prevaleciente en el país como problema estructural, el cual en tanto no sea atendido constituirá el principal riesgo para la implementación de las reformas, así como para la estabilidad y la gobernabilidad en el corto y mediano plazo.

Pero antes es conveniente hacer una precisión analítica en el sentido de que responder afirmativamente a la pregunta de si el Estado tuvo responsabilidad en los hechos de Iguala no es una toma de posición política, sino una conclusión derivada de un razonamiento lógico conceptual de los acontecimientos, en el cual a partir de la información disponible se puede observar que en el nivel municipal el Estado ha sido minado por la delincuencia organizada a tal punto que los servidores públicos de esa esfera responden prioritariamente, sea por miedo o por cooptación, a los intereses de los grupos criminales; lo cual produce la paradoja de que mientras en el nivel más alto (federal) el Estado ha hecho esfuerzos para combatir a la delincuencia, en el ámbito de lo local ésta tiene el poder de controlar a las autoridades municipales y de someter a regiones enteras. Así es como se explica que en éste nivel el Estado haya tenido responsabilidad activa en los acontecimientos de Iguala y en otro (el federal) haya incurrido en una responsabilidad pasiva por su tardía reacción, así como por la falta de sensibilidad, talento y eficacia para conducir las investigaciones ministeriales del caso y la procuración de justicia.

Al respecto hay que mencionar que el desempeño institucional del Estado mexicano cuando menos en el último siglo se ha caracterizado por recurrentes episodios de disfuncionalidad que han desembocado en crisis políticas, sociales y económicas debido a una distorsión de origen persistente a lo largo de ese amplio periodo que es la corrupción, la cual invariablemente ha dado al traste –en la etapa de implementación- al más avanzado diseño institucional que los legisladores y funcionarios gubernamentales hayan podido confeccionar. Y por supuesto, a la corrupción está ligada la ausencia casi generalizada de una cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, que asociada a la desconfianza prevaleciente produce una triada perversa que constituye una debilidad estructural, a partir de la cual surgen otras fallas como la impunidad y la incapacidad del Estado para cumplir su tarea fundamental de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y, por tanto, su déficit de legitimidad expresado en la reticencia de éstos para continuar reproduciendo la dinámica de mando-obediencia.

En este contexto es en el que se explican algunas estadísticas relacionadas con la confianza y la percepción de eficacia de las corporaciones policíacas en el país, como las publicadas en 2014 por México Unido Contra la Delincuencia, según las cuales cuatro de cada 10 mexicanos considera “muy peligroso” ayudar a la policía de su localidad a realizar su trabajo; o las difundidas ese mismo año por el INEGI en el sentido de que casi el 70% de los mexicanos considera “poco” o “nada efectivo” el desempeño de las policías estatales y municipales.

Pero ahí no para el problema. Por lo que hace al siguiente eslabón del proceso de procuración de justicia que son los ministerios públicos la situación es muy similar. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 indican que el 58% de los mexicanos tienen “poca” o “nada” de confianza en los ministerios públicos y las procuradurías. Desde luego, esta situación en gran medida se debe a la impunidad imperante en el sistema de procuración e impartición de justicia, pues tan sólo en el fuero común de los casi 20 millones de denuncias presentadas entre 2000 y 2012 sólo se dictaron poco menos de millón y medio de sentencias condenatorias, es decir, menos del 1%.

Así pues, a partir de esta consideraciones se puede entender la reticencia de los familiares las víctimas de Iguala y de amplios sectores de la opinión pública a aceptar la “verdad histórica” de los hechos ofrecida por la PGR, así como la credibilidad y aceptación que ha tenido el informe acerca de las investigaciones ministeriales realizado por un grupo de presuntos expertos en ciencias forenses, el cual ha servido de excusa para desplazar los elementos técnicos con argumentos políticos que respaldan o condenan determinadas posiciones de los actores involucrados en el tema.

De modo que a partir de estos lamentables acontecimientos que han exhibido el nivel real de desarrollo político en México y el grado de penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de autoridad, sustentado en la corrupción y la impunidad, es factible concluir que en tanto no se ataque la triada perversa corrupción-desconfianza-endeble cultura de la legalidad, inevitablemente persistirá la debilidad institucional. En eso nos enfocaremos en la última entrega de esta colaboración.

Publicado en El Imparcial 27/09/2015 

Iguala a un año ¿fue el Estado? 1 de 3

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que según estimaciones no oficiales perdieron la vida siete personas, veintisiete más resultaron heridas y al menos 43 se encuentran desaparecidas.

Como es sabido, en los acontecimientos estuvieron involucrados un grupo de estudiantes de una escuela normal rural ubicada en Ayotzinapa, las corporaciones policíacas de los municipios de Iguala y Cocula, dos células de la delincuencia organizada en disputa por el control político y criminal de la región y el alcalde de Iguala de filiación perredista; aunque presuntamente por omisión también habrían estado involucrados otros funcionarios públicos estatales de Guerrero, lo que obligó a que en el momento más álgido de las reacciones y movilizaciones sociales nacionales e internacionales que desencadenó este acontecimiento, solicitará licencia a su cargo el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre, quien tres años atrás había ganado la elección luego de renunciar al PRI y ser postulado por el PRD.

La tardía reacción del Gobierno Federal ante lo que en un primero momento evaluó como un conflicto local provocó una serie de críticas y acusaciones por parte no sólo de los agraviados, sino también y principalmente de sus adversarios políticos, quienes contrastaron el discurso oficial de transformación entendida como modernización, fundamentalmente dirigido hacia el exterior para ensalzar el Mexican Moment, con la situación de violencia y vulnerabilidad del estado de Derecho en amplias regiones del país.

En medio de ese contexto comenzó a cobrar fuerza la idea de que el Estado mexicano tenía responsabilidad en los acontecimientos, en gran medida por el antecedente reciente de junio de 2014 en el cual presuntamente el Ejército habría  “abatido” (es el verbo oficialmente empleado en el caso) a un grupo de delincuentes en una comunidad perteneciente al municipio de Tlatlaya, Estado de México. Fue así como apareció la consigna “#FueElEstado” en las movilizaciones que durante los meses siguientes a los hechos de Iguala ocurrieron en varias ciudades del país y del mundo, dando pauta a un debate a medio camino entre lo académico y lo ideológico entre intelectuales militantes en el oficialismo y la oposición.

Hasta ahora dicho debate no se ha resuelto, pero la distancia temporal y la disponibilidad de mayor información dan pauta para revisitarlo desde una perspectiva analítica desprovista, en la medida de lo posible, de inclinaciones hacia una u otra posición con el objeto de allegar a usted, estimado lector, de elementos mínimos para formarse un juicio equilibrado.

Así pues, en principio habría que considerar que hay múltiples definiciones de Estado elaboradas en su mayoría desde perspectivas prescriptivas de lo que debería de ser y no de lo que realmente es. Sin embargo, para no entrar en vicisitudes conceptuales que propicien más confusión que claridad, hay que decir que el Estado es la organización política que se da la sociedad a sí misma, o bien, en que le es impuesta desde el exterior. Esta organización ha tomado múltiples formas a lo largo de la Historia en función del grado de complejidad organizativa de la propia sociedad (tribus, comunidades, feudos, etc), pero siempre articulada a partir de la distinción de los roles fundamentales de mando y obediencia. Así, en cualquier Estado siempre hay un grupo de individuos, generalmente reducido, que ejerce funciones de mando y otro grupo, generalmente amplio, que obedece.

No obstante, esa relación se articula a partir de un arreglo fundacional en el cual el grupo mayoritario se compromete a obedecer a cambio de que el grupo minoritario que manda le garantice el derecho a la vida, o si quiere enfocar de la siguiente manera: la garantía de no sufrir una muerte violenta; para lo cual le autoriza el uso exclusivo de la fuerza a fin de castigar a quienes pretendan vulnerar ese acuerdo.

A partir de esta breve noción estamos en posibilidad de preguntarnos si el Estado mexicano tuvo responsabilidad alguna en los hechos de Iguala y al respecto podemos articular dos intentos de respuesta.

En el primero de ellos habría que considerar que si con la consigna “#FueElEstado” se pretende dar a entender que éste fue el autor material del crimen y la desaparición forzada, la respuesta es sí, porque la policía municipal de Iguala disparó en contra de los autobuses en los que viajaban las víctimas y según la información recaba en las investigaciones ministeriales, habría colaborado con una de las bandas criminales en la desaparición forzada de 43 estudiantes. De modo que al ser el municipio la célula básica de un Estado de tipo federal como lo es el mexicano y al ser la policía la institución encargada del ejercicio exclusivo de la fuerza, existen elementos claros para inferir que sí hubo una participación activa del Estado en los acontecimientos. No obstante, si en la referida consigna por Estado se entiende únicamente al Gobierno Federal como responsable directo, parece que el empleo del concepto tiene una intencionalidad política mas no explicativa.

Por otra parte, en el segundo intento de respuesta habría que considerar si la responsabilidad del Estado es por omisión de su obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, en cuyo caso se tendría que responder afirmativamente: sí, fue el Estado. Pero en esa lógica lo fue no sólo en el caso de Iguala sino en muchos otros en los que su debilidad y la torpeza de los operadores de sus instituciones han causado que regiones enteras se encuentren sumidas en la incertidumbre y la inseguridad por el asedio sistemático de bandas criminales.

Así pues, cuando un Estado falla en su responsabilidad fundamental es indicio de su debilidad estructural, esto es, de que algo en sus cimientos ha dejado de funcionar, o en el caso mexicano de que nunca ha funcionado por distorsiones de origen, como la corrupción que da pauta a la impunidad, a la pérdida de confianza institucional y consiguientemente a la falta de obediencia por carencia de legitimidad. Pero en esto profundizaremos en la próxima colaboración.

Publicado en El Imparcial 20/09/2015