Por esto no había venido aquí...

Y sí, como comentaba en el post anterior, ahora escribo periódicamente en un diario local un artículo de opinión política, que en la medida de lo posible intento que sea de análisis. Aunque también ahora por cuestiones laborales debo viajar con cierta frecuencia y en muchas de esas ocasiones he tenido que escribir mis textos aprovechando los habituales retrasos en los vuelos de regreso hacia la Ciudad de México.

De modo que en cierta medida me he convertido en eso que tanto criticaba: un vil escribidor de aeropuerto.

Y aunque ya me acostumbré a ser un desconocido articulista local, de vez en cuando me publican en un espacio de opinión en un diario de circulación nacional, por el favor de un buen amigo que también piensa -el pobre- que escribo bien,

Y como decía mi abuelita "hay que presumir cuando se puede".

Pues bien, les presumo esos textos a modo de justificación del abandono de esta atalaya de pendejadas y asuntos sin importancia.

Pepe el Toro ¿es inocente?

¿Estado fallido? No. Gobiernos con fallas

El tejido social

Narcotráfico y violencia

Acerca de las huellas

Llego a este espacio como quien llega nuevamente a la casa que dejó hace muchísimos años, cuando por determinadas circunstancias tuvo que alejarse; es decir, vengo a reconocer mis letras, a revisar que todo ha quedado igual desde la última vez que estuve aquí y -parafraseando a Hannah Arendt- a remover el polvo acumulado durante todo este tiempo por la montaña de escombros de lo que fueron aquellos pilares.  

No sobra decir que también llego hasta aquí robándole unos minutos a mi tiempo godinezco (para quienes me leen provenientes de otras latitudes -por extrañas, curiosas y hasta cómicas razones este espacio y su autor son leídos desde otras partes del mundo- lo "godinezco" hace referencia al estilo de vida de los oficinistas que abarrotan los espacios de trabajo de los grandes corporativos en las zonas urbanas, caracterizados por su pusilanimidad, falta de conciencia crítica, frivolidad y precariedad económica), siempre demasiado escaso. 

La razón de esta vuelta es que en días recientes distintas personas, en distintas circunstancias, me han hecho reflexionar acerca del hecho de que mis estupideces no lo son del todo, porque en algo las encuentran interesantes y, en los casos más patológicos, hasta aleccionadoras. 

Y yo que cuando abrí este espacio pensé que nadie lo leería y que mis textos, además de ser un divertimento personal, eran también una forma de terapia para aliviar dolores de juventud que vistos a la distancia de mi chavorruqez (para los de fuera, va la definición; chavo ruco: dícese del individuo de más de treinta años que aun comete las mismas idioteces de cuando tenía veinte) eran puras payasadas que me ayudaban a construir la pose de intelectual incomprendido y pretencioso. 

Ahora que me encuentro con personas que me dicen que me han leído y que les gustaba lo que leían, siento que no soy tan malo en esto del oficio de la escribidera. O quizá sí lo soy y esos lectores son más bien unos legos que no saben diferenciar un artículo de un pronombre; o al revés, son unos refinadísimos intelectuales que saben apreciar la prosa alternativa y las ideas contestatarias. 

Porque lo cierto es que ahora también escribo de manera formal, para un mundialmente desconocido diario local. Pero ahí, por culpa de la editora, no puedo ser tan genuino (mala leche, dirían algunos; insensiblemente socialista, dirían otros) y debo autocensurar mi estilo. 

Como sea, lo importante es que he venido aquí nuevamente como quien regresa al punto de partida. Y en este retorno es inevitable observar a través de las letras el contraste entre el antes y el ahora de mi temas y preocupaciones. 

Antes me importaban tópicos trascendentales como el Ser y la Nada, Dios y el Tiempo; ahora me preocupan las rebajas del Cyber Monday, los informes semestrales, el outfit para el brindis de fin de año y el final de Gilmore Girls en Netflix. 

Antes era pretencioso, ahora soy frívolo. Pero así y todo, intentaré reivindicarme animado por las buenas opiniones que he escuchado recientemente. Porque parece que en algunas personas he dejado alguna especie de huella y les pido perdón por eso. 

No prometo nada. Pero intentaré venir aquí más seguido. 

Legalizar o no legalizar, ¿esa es la cuestión?

El amparo concedido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMART) para consumir marihuana con fines recreativos ha conferido seriedad y relevancia al debate en torno a la legalización de las drogas como mecanismo neutralizar los índices de violencia y criminalidad asociados al narcotráfico en México.

No obstante, más allá del dilema de legalizar o no la producción, comercialización y consumo de marihuana, que es la única droga que ha suscitado una suerte de frente común internacional en contra del prohibicionismo gubernamental, hay una realidad más compleja. Y es que, en efecto, el narcotráfico y la drogadicción son dos problemas que pueden ser enfocados desde múltiples ángulos de los cuales, a su vez, surgen múltiples explicaciones e igualmente múltiples intentos de solución vinculados todos ellos a la prohibición y al combate punitivo, pero apenas muy poco a la prevención. En este sentido es muy atinado el diagnóstico de Pablo Girault, integrante de la asociación amparada por la Corte, cuando afirma que “la política prohibicionista no ha generado ni un solo bien, sino muchos males, incluyendo más de 100 mil muertos, 70 mil desaparecidos, 270 mil desplazados (…) El tema de fondo no es si podemos fumar marihuana o no… no quiero que me lo diga el Estado, sino yo decidirlo” [El Universal, 05/11/2015].

De modo que un paso previo al dilema de la legalización o no de las drogas y a su respectivo debate es diferenciar claramente entre narcotráfico y drogadicción, pues aunque son problemas vinculados cada uno precisa tratamientos diferenciados; amén de que tener clara la distinción ayuda a elevar el nivel argumentativo del debate y evitar dislates tan lamentables como el del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, quien haciendo gala de su doctoral desinformación declaró hace poco que las “elites empresariales o gubernamentales” y no el Poder Judicial serían las que decidirían sobre el amparo a SMART.

Así pues, en el caso de la drogadicción la cuestión no es si la legalización elevará los índices de adictos, agravando con ello un problema de salud pública, sino adicionalmente a la política de prohibición qué ha hecho el Estado para evitar que dichos índices crezcan. A juzgar por las estadísticas parece que muy poco, pues según datos de la encuesta más reciente sobre adicciones publicada en 2011, el consumo de drogas ilegales en México se duplicó en una década al pasar de 0.8 a 1.5% entre personas de 12 a 65 años de edad. Pero no sólo eso. Según estimaciones de especialistas en salud pública de la UNAM, el consumo de marihuana ya supera al del tabaco en 18 estados del país; además de que la edad promedio de consumo ha disminuido de los 15 a los 12 años de acuerdo con información recabada por Instituto para la Atención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA). Estos datos obligan no sólo a reflexionar sobre la eficacia de las políticas de prevención, sino a preguntarse algo todavía más básico que es porqué las personas se están drogando a edades más tempranas, cuáles son las causales del entorno social, familiar e individual que están empujando a los niños y jóvenes a consumir drogas, pues no se trata únicamente de falta de información.

Por otra parte, en lo que hace al problema del tráfico de drogas la legalización sería una solución parcial, probablemente no tan efectiva para paliar todos los efectos de la problemática de criminalidad que circunda a esa actividad que hasta ahora ha sido afrontada como un problema de seguridad pública, empleando a la fuerza policial y militar para combatir a la estructura operativa de los cárteles con el objetivo de debilitar su capacidad de fuego, pero se ha hecho muy poco en el aspecto medular que es el financiero, a tal punto que la DEA ha llegado a estimar que en la economía nacional hay un excedente de entre 9 mil y 10 mil millones de dólares no justificados por una fuente legítima de ingresos. En otras palabras, se ha hecho muy poco en el combate al lavado de dinero.

Una solución integral tendría que pasar necesariamente por enfocar al narcotráfico como lo que realmente es: una actividad altamente lucrativa que genera ganancias anuales de alrededor de 40 mil millones de dólares, según cálculos de algunas agencias internacionales y centros académicos. Al respecto, paradójicamente el combate policíaco-militar lejos de vulnerar esta faceta del fenómeno la encarece, pues el decomiso de un cargamento propicia que el valor del siguiente aumente por los costos logísticos (nuevas rutas, nuevos métodos de embalaje, incremento de las sumas destinadas a la corrupción o cooptación de las autoridades locales, etcétera) y la inelasticidad de la demanda. Sin embargo esta solución también tendría que acompañarse de una estrategia para sustituir  las entradas de dinero ilícito por dinero lícito a la economía, a fin de que cuando el tráfico de drogas eventualmente deje de ser una actividad comercial fuertemente atractiva, se compense el flujo de ingresos que se dejaría de recibir por concepto de trasiego de estupefacientes, así como para poder incorporar a la economía formal y legal al poco más de medio millón de personas que participan actualmente de forma directa en la economía narca (en este sentido la revista Este País estimó en 2009 que el narcotráfico era el quinto empleador más grande de México).

Asimismo, para debilitar al narcotráfico como negocio altamente rentable dicha solución tendría que mapear con claridad la ruta del dinero. Y es ahí donde el riesgo de pisar cayos de gente “decente” se volvería muy alto, porque implicaría rastrear en el sistema bancario el origen y destino de esos recursos. De ahí quizá la persistencia gubernamental en la estrategia reactiva de combate policial y el aparente poco impulso a las investigaciones de inteligencia financiera.

Visto desde esta amplia perspectiva, el dilema de legalizar o no la marihuana parece muy menor, pero lo importante es que con el fallo de la Corte -así sea por el momento limitado únicamente a las cuatro personas integrantes de SMART- se ha elevado el nivel del debate, obligando al Legislativo y al Ejecutivo a enfocar el problema desde nuevos ángulos para idear e implementar soluciones diferentes a la punición y la prohibición.  

O al menos eso es lo que parece. 

Publicado en El Imparcial 06/11/2015

La violencia que no cede

En días recientes dos acontecimientos locales trascendieron hacia lo nacional y conmocionaron a la opinión pública debido a que tienen como denominador común la violencia. Se trata de la aparición de un cuerpo sin vida pendiendo de un paso vehicular elevado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal y el linchamiento de dos jóvenes encuestadores en Ajalpan, Puebla.

Además de las implicaciones sociales y políticas, ambos casos son significativos por su coincidencia temporal pero principalmente porque denotan dos expresiones de violencia que dan cuenta del nivel de disfuncionalidad y anomia prevaleciente en ciertos sectores de la sociedad, así como de la penetración generalizada de este fenómeno en el tejido social.

En el primero de los casos las características del homicidio, la forma de darlo a conocer y la intencionalidad de este último acto no dejan lugar a dudas de que hay una abierta disputa entre bandas de narcotraficantes por el control territorial de determinadas zonas del Distrito Federal. De modo que por más que la autoridad local se empeñe en negar que los grandes cárteles de la droga operan en la capital del país, el impacto mediático del acontecimiento le inyecta una fuerte presión al gobierno de la ciudad para reconocer el problema y enfrentarlo con las  medidas adecuadas.

No obstante, lo que más debería de preocupar a la opinión pública además de la sensación de inseguridad respecto a la integridad física que no se había sentido en la Ciudad de México, ni siquiera en los años más álgidos de la denominada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, es el nivel de ensañamiento mostrado en la ejecución del “colgado de Iztapalapa” -como le han llamado algunos medios de comunicación a éste caso- porque da cuenta de un gravísimo nivel de descomposición social en el cual la noción de dignidad de la persona ha desaparecido por completo.

En el caso de los jóvenes encuestadores linchados en Ajalpan, Puebla, amén de la indignación producida por la incapacidad de la autoridad municipal para hacerse valer ante una turba enfurecida y abdicar de su función de aplicar la ley, lo más preocupante es la constatación de que los niveles patológicos de violencia no son exclusivos de los cárteles de narcotraficantes, sino también de personas ordinarias que cegadas por el miedo y la ignorancia pueden cometer atrocidades amparadas bajo el anonimato y la impunidad que brinda la multitud.

Dado que ambos casos comparten como factor común la violencia extrema, es propicio reflexionar respecto a la eficacia de la estrategia ejecutada por el Estado para afrontar este fenómeno desde la perspectiva de la seguridad pública. En este sentido hay que consignar que se trata de medidas reactivas que no atienden el fondo del problema que es la genealogía social de la violencia, es decir las circunstancias o situaciones subyacentes en la sociedad que han propiciado el surgimiento de comportamientos criminales ya no necesaria o primordialmente asociados y/o explicados a partir de la situación socioeconómica de quienes los realizan, sino del resentimiento social que su condición de precariedad les produce. En otras palabras, parece que en los días y los años que corren ya no se delinque para sobrevivir a la pobreza, sino para vengarse de la sociedad.

Así pues, el carácter reactivo de la estrategia estatal de seguridad pública se expresa en los intentos de mitigar la violencia con más violencia, sólo que ésta última institucionalizada por la autoridad a través de más efectivos policíacos y armamento, sin contar con -o ignorando la existencia de- diagnósticos que identifiquen las causas específicas del problema. De esta manera, no importa si la violencia está asociada a la disputa territorial entre bandas de la delincuencia organizada; o al miedo, la zozobra y la ignorancia de una localidad alejada de los centros urbanos, la medida siempre es la misma: enviar más policías a la zona donde se registra problemática, sea para azuzar la escalada de violencia con más enfrentamientos, sea para apaciguarla temporalmente.

Sin embargo, más allá de la ejecución de determinados programas de rescate de espacios públicos principalmente en zonas urbanas, no se ha visto un análisis  sociológico que identifique las causas específicas que están produciendo niveles de sociopatía como los mostrados por los sicarios al servicio de los carteles del narcotráfico en sus ejecuciones, o por una turba de habitantes de una comunidad sumida en la miseria y el miedo.

El que un grupo de personas -sicarios o pobladores enfurecidos- sea capaz de someter, torturar y asesinar a otras personas sin sentir el menor remordimiento, conmiseración o culpa, es indicativo de altísimos niveles de resentimiento, odio y ausencia o incapacidad de discernimiento ético; lo cual, a su vez, implica que algo en la estructura social no está funcionando bien o ha dejado de funcionar. Y no se trata únicamente de la desigualdad e inequidad producidas por el sistema económico, como sostiene con cierta dosis de ingenuidad un sector de la izquierda cuando explica/justifica que la inseguridad y la delincuencia derivan de la pobreza que pervierte la bondad innata de los seres humanos.

No. Se trata de cuestiones más complejas, como el desmedido aspiracionismo hacia un estilo de vida francamente incosteable para amplísimas capas de la sociedad fomentado por los medios de comunicación; la disfuncionalidad de la familia como célula básica del tejido social; o la ineficacia de la escuela como centro difusor de valores cívicos y éticos, por no hablar del socavamiento de la autoridad de los profesores.

En tanto no existan políticas públicas que atiendan estos problemas, la estrategia reactiva implementada por el Estado para mitigar los niveles de violencia continuará arrojando resultados muy limitados y esa entelequia denominada legalidad seguirá siendo sólo una utópica aspiración de febriles mentes ilustradas. 

Publicado en El Imparcial 23/10/2015

El lejano 2018 y los futurismos del presente

Hace unas semanas en un evento de la industria acerera realizado en la Ciudad de México, los asistentes a uno de los paneles de trabajo cuestionaron con mucho interés a un reconocido comentarista político acerca de los posibles candidatos presidenciales hacia 2018, a lo que éste respondió que aun era muy prematuro pensar en aspirantes definitivos, pero que sin duda uno que estará en la boleta electoral de junio de ese año será Andrés Manuel López Obrador como candidato del partido que él mismo fundó. Pero de eso a que tenga posibilidades reales de ganar ya es otra historia que depende de muchos factores, los más de ellos ajenos al propio López Obrador. Y si bien el 2018 aun está muy lejos, no está de más plantear algunas consideraciones que le orienten a usted, estimado lector, en el intento de comprender el complejo panorama que se observa de aquí a esa fecha.

Así pues, lo primero que hay que tener en cuenta es que el universo de aspirantes pese a parecer demasiado amplio, en realidad se circunscribe a los actores que actualmente se desenvuelven en el escenario político nacional; esto es, que difícilmente podrá surgir un aspirante fuerte a la silla presidencial de los candidatos –principalmente a gobernadores- que triunfen en los comicios locales de 2016 y 2017. Aunque el control territorial que adquieran los partidos a partir de los resultados de esas elecciones será un factor estratégico para la articulación de las estrategias de campaña y por consiguiente, de sus posibilidades de triunfo.

A partir de esa premisa fundamental es que las encuestadoras han comenzado a realizar algunas mediciones, en las cuales es necesario aprender a diferenciar entre el nivel de conocimiento de un personaje y su intención real de voto. Así, el que un aspirante sea el más conocido no significa que sea el que concentra la intención más alta del voto, pues ésta depende entre otros factores de los niveles de aceptación (conocidos como “positivos”) o de rechazo (“negativos) de su imagen. El caso de López Obrador es muy ilustrativo de esta situación. En varias encuestas aparece como el aspirante más conocido, pero también como el que más negativos concentra (ya si las encuestas están bien diseñadas o responden a una intencionalidad específica de quien las realiza o quien paga su realización, es otro aspecto que quizá en alguna otra oportunidad se podría abordar en este espacio). Lo anterior se refleja en su intención real de voto que está por debajo del 30% y concentrada principalmente en zonas urbanas del centro-sur del país.

Por otra parte y pese a que discursivamente por lo menos desde los años noventa del siglo pasado los partidos mexicanos se movieron hacia el centro, la inclinación ideológica de la sociedad mexicana hacia el centro-derecha también es un factor que influye en forma decisiva en la conformación de la preferencia efectiva del tal o cual aspirante. Para sustentar esta afirmación basta con observar que en las últimas tres elecciones presidenciales (2000, 2006 y 2012) el PRI y el PAN han sumado en promedio más del 65% de la votación nacional, y si bien el PRI es un partido perteneciente a la Internacional Socialista que agrupa a los partidos de izquierda del mundo, en los programas de gobierno diseñados e implementados por los representantes surgidos de este partido se observa claramente un cariz conservador.

Por lo que hace a una eventual candidatura independiente para la Presidencia de la República, en la cual la opinión pública coloca a personajes como el recién estrenado gobernador de Nuevo León, el ex titular de la SER Jorge Castañeda o al ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, lo cierto es que lejos de contribuir a superar la atadura institucional de la democracia mexicana a los partidos políticos, podría propiciar la continuidad de uno de estos en el poder debido a la fragmentación del voto, ante la cual la disciplina y la lealtad partidista además del control territorial que mencionamos líneas arriba, se vuelven factores estratégicos para sacarle el mayor provecho a ese situación pues en un escenario de una votación fragmentada la capacidad de movilización y el tamaño de las clientelas de los partidos se vuelve crucial. De ahí la conveniencia de que en un futuro no muy lejano se tenga que discutir con seriedad la introducción de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, con la cual se evitaría el triunfo de un candidato con menos del 30% de la votación.

En tanto, las posibilidades de que un fenómeno político-electoral como el del “Bronco” se pueda replicar a nivel nacional son muy acotadas. 

Publicado en El Imparcial 09/10/2015

Iguala a un año ¿fue el Estado? 2 de 3

Como recordará el estimado lector, en la colaboración anterior articulamos dos intentos de respuesta a la consigna enarbolada por diversos sectores de la sociedad encabezados por los familiares de las víctimas y los estudiantes normalistas desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A partir de una noción mínima de lo que es el Estado planteamos en ambas respuestas la existencia de indicios claros de la participación de éste, ya sea por acción u omisión, en los acontecimientos que acenturaron la crisis de confianza y credibilidad en las instituciones y procedimientos de procuración de justicia, además de causar un considerable daño a la imagen internacional de México y a la narrativa con la cual el Gobierno Federal había pretendido promocionar al país como un atractivo destino de inversión, luego de la aprobación de las reformas estructurales realizadas durante los dos primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En esta segunda entrega el objetivo es profundizar en el déficit de confianza institucional prevaleciente en el país como problema estructural, el cual en tanto no sea atendido constituirá el principal riesgo para la implementación de las reformas, así como para la estabilidad y la gobernabilidad en el corto y mediano plazo.

Pero antes es conveniente hacer una precisión analítica en el sentido de que responder afirmativamente a la pregunta de si el Estado tuvo responsabilidad en los hechos de Iguala no es una toma de posición política, sino una conclusión derivada de un razonamiento lógico conceptual de los acontecimientos, en el cual a partir de la información disponible se puede observar que en el nivel municipal el Estado ha sido minado por la delincuencia organizada a tal punto que los servidores públicos de esa esfera responden prioritariamente, sea por miedo o por cooptación, a los intereses de los grupos criminales; lo cual produce la paradoja de que mientras en el nivel más alto (federal) el Estado ha hecho esfuerzos para combatir a la delincuencia, en el ámbito de lo local ésta tiene el poder de controlar a las autoridades municipales y de someter a regiones enteras. Así es como se explica que en éste nivel el Estado haya tenido responsabilidad activa en los acontecimientos de Iguala y en otro (el federal) haya incurrido en una responsabilidad pasiva por su tardía reacción, así como por la falta de sensibilidad, talento y eficacia para conducir las investigaciones ministeriales del caso y la procuración de justicia.

Al respecto hay que mencionar que el desempeño institucional del Estado mexicano cuando menos en el último siglo se ha caracterizado por recurrentes episodios de disfuncionalidad que han desembocado en crisis políticas, sociales y económicas debido a una distorsión de origen persistente a lo largo de ese amplio periodo que es la corrupción, la cual invariablemente ha dado al traste –en la etapa de implementación- al más avanzado diseño institucional que los legisladores y funcionarios gubernamentales hayan podido confeccionar. Y por supuesto, a la corrupción está ligada la ausencia casi generalizada de una cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, que asociada a la desconfianza prevaleciente produce una triada perversa que constituye una debilidad estructural, a partir de la cual surgen otras fallas como la impunidad y la incapacidad del Estado para cumplir su tarea fundamental de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos y, por tanto, su déficit de legitimidad expresado en la reticencia de éstos para continuar reproduciendo la dinámica de mando-obediencia.

En este contexto es en el que se explican algunas estadísticas relacionadas con la confianza y la percepción de eficacia de las corporaciones policíacas en el país, como las publicadas en 2014 por México Unido Contra la Delincuencia, según las cuales cuatro de cada 10 mexicanos considera “muy peligroso” ayudar a la policía de su localidad a realizar su trabajo; o las difundidas ese mismo año por el INEGI en el sentido de que casi el 70% de los mexicanos considera “poco” o “nada efectivo” el desempeño de las policías estatales y municipales.

Pero ahí no para el problema. Por lo que hace al siguiente eslabón del proceso de procuración de justicia que son los ministerios públicos la situación es muy similar. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 indican que el 58% de los mexicanos tienen “poca” o “nada” de confianza en los ministerios públicos y las procuradurías. Desde luego, esta situación en gran medida se debe a la impunidad imperante en el sistema de procuración e impartición de justicia, pues tan sólo en el fuero común de los casi 20 millones de denuncias presentadas entre 2000 y 2012 sólo se dictaron poco menos de millón y medio de sentencias condenatorias, es decir, menos del 1%.

Así pues, a partir de esta consideraciones se puede entender la reticencia de los familiares las víctimas de Iguala y de amplios sectores de la opinión pública a aceptar la “verdad histórica” de los hechos ofrecida por la PGR, así como la credibilidad y aceptación que ha tenido el informe acerca de las investigaciones ministeriales realizado por un grupo de presuntos expertos en ciencias forenses, el cual ha servido de excusa para desplazar los elementos técnicos con argumentos políticos que respaldan o condenan determinadas posiciones de los actores involucrados en el tema.

De modo que a partir de estos lamentables acontecimientos que han exhibido el nivel real de desarrollo político en México y el grado de penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de autoridad, sustentado en la corrupción y la impunidad, es factible concluir que en tanto no se ataque la triada perversa corrupción-desconfianza-endeble cultura de la legalidad, inevitablemente persistirá la debilidad institucional. En eso nos enfocaremos en la última entrega de esta colaboración.

Publicado en El Imparcial 27/09/2015 

Iguala a un año ¿fue el Estado? 1 de 3

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que según estimaciones no oficiales perdieron la vida siete personas, veintisiete más resultaron heridas y al menos 43 se encuentran desaparecidas.

Como es sabido, en los acontecimientos estuvieron involucrados un grupo de estudiantes de una escuela normal rural ubicada en Ayotzinapa, las corporaciones policíacas de los municipios de Iguala y Cocula, dos células de la delincuencia organizada en disputa por el control político y criminal de la región y el alcalde de Iguala de filiación perredista; aunque presuntamente por omisión también habrían estado involucrados otros funcionarios públicos estatales de Guerrero, lo que obligó a que en el momento más álgido de las reacciones y movilizaciones sociales nacionales e internacionales que desencadenó este acontecimiento, solicitará licencia a su cargo el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre, quien tres años atrás había ganado la elección luego de renunciar al PRI y ser postulado por el PRD.

La tardía reacción del Gobierno Federal ante lo que en un primero momento evaluó como un conflicto local provocó una serie de críticas y acusaciones por parte no sólo de los agraviados, sino también y principalmente de sus adversarios políticos, quienes contrastaron el discurso oficial de transformación entendida como modernización, fundamentalmente dirigido hacia el exterior para ensalzar el Mexican Moment, con la situación de violencia y vulnerabilidad del estado de Derecho en amplias regiones del país.

En medio de ese contexto comenzó a cobrar fuerza la idea de que el Estado mexicano tenía responsabilidad en los acontecimientos, en gran medida por el antecedente reciente de junio de 2014 en el cual presuntamente el Ejército habría  “abatido” (es el verbo oficialmente empleado en el caso) a un grupo de delincuentes en una comunidad perteneciente al municipio de Tlatlaya, Estado de México. Fue así como apareció la consigna “#FueElEstado” en las movilizaciones que durante los meses siguientes a los hechos de Iguala ocurrieron en varias ciudades del país y del mundo, dando pauta a un debate a medio camino entre lo académico y lo ideológico entre intelectuales militantes en el oficialismo y la oposición.

Hasta ahora dicho debate no se ha resuelto, pero la distancia temporal y la disponibilidad de mayor información dan pauta para revisitarlo desde una perspectiva analítica desprovista, en la medida de lo posible, de inclinaciones hacia una u otra posición con el objeto de allegar a usted, estimado lector, de elementos mínimos para formarse un juicio equilibrado.

Así pues, en principio habría que considerar que hay múltiples definiciones de Estado elaboradas en su mayoría desde perspectivas prescriptivas de lo que debería de ser y no de lo que realmente es. Sin embargo, para no entrar en vicisitudes conceptuales que propicien más confusión que claridad, hay que decir que el Estado es la organización política que se da la sociedad a sí misma, o bien, en que le es impuesta desde el exterior. Esta organización ha tomado múltiples formas a lo largo de la Historia en función del grado de complejidad organizativa de la propia sociedad (tribus, comunidades, feudos, etc), pero siempre articulada a partir de la distinción de los roles fundamentales de mando y obediencia. Así, en cualquier Estado siempre hay un grupo de individuos, generalmente reducido, que ejerce funciones de mando y otro grupo, generalmente amplio, que obedece.

No obstante, esa relación se articula a partir de un arreglo fundacional en el cual el grupo mayoritario se compromete a obedecer a cambio de que el grupo minoritario que manda le garantice el derecho a la vida, o si quiere enfocar de la siguiente manera: la garantía de no sufrir una muerte violenta; para lo cual le autoriza el uso exclusivo de la fuerza a fin de castigar a quienes pretendan vulnerar ese acuerdo.

A partir de esta breve noción estamos en posibilidad de preguntarnos si el Estado mexicano tuvo responsabilidad alguna en los hechos de Iguala y al respecto podemos articular dos intentos de respuesta.

En el primero de ellos habría que considerar que si con la consigna “#FueElEstado” se pretende dar a entender que éste fue el autor material del crimen y la desaparición forzada, la respuesta es sí, porque la policía municipal de Iguala disparó en contra de los autobuses en los que viajaban las víctimas y según la información recaba en las investigaciones ministeriales, habría colaborado con una de las bandas criminales en la desaparición forzada de 43 estudiantes. De modo que al ser el municipio la célula básica de un Estado de tipo federal como lo es el mexicano y al ser la policía la institución encargada del ejercicio exclusivo de la fuerza, existen elementos claros para inferir que sí hubo una participación activa del Estado en los acontecimientos. No obstante, si en la referida consigna por Estado se entiende únicamente al Gobierno Federal como responsable directo, parece que el empleo del concepto tiene una intencionalidad política mas no explicativa.

Por otra parte, en el segundo intento de respuesta habría que considerar si la responsabilidad del Estado es por omisión de su obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, en cuyo caso se tendría que responder afirmativamente: sí, fue el Estado. Pero en esa lógica lo fue no sólo en el caso de Iguala sino en muchos otros en los que su debilidad y la torpeza de los operadores de sus instituciones han causado que regiones enteras se encuentren sumidas en la incertidumbre y la inseguridad por el asedio sistemático de bandas criminales.

Así pues, cuando un Estado falla en su responsabilidad fundamental es indicio de su debilidad estructural, esto es, de que algo en sus cimientos ha dejado de funcionar, o en el caso mexicano de que nunca ha funcionado por distorsiones de origen, como la corrupción que da pauta a la impunidad, a la pérdida de confianza institucional y consiguientemente a la falta de obediencia por carencia de legitimidad. Pero en esto profundizaremos en la próxima colaboración.

Publicado en El Imparcial 20/09/2015

PRD. Estas ruinas que ves

Transcurrieron 23 años desde aquel lejano 5 de mayo de 1989, fecha de la fundación formal del PRD como resultado de una coalición de pequeños partidos, organizaciones civiles y varios ex priistas de izquierda encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, hasta el 10 de septiembre de 2012, cuando en un acto multitudinario realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, ex dirigente nacional y ex candidato presidencial perredista anunció la renuncia a su militancia en el partido, significando con ello la fractura del único experimento relativamente exitoso de unificación de la izquierda mexicana.

Posteriormente, en noviembre de 2014 la debacle del denominado “partido del sol azteca” se hizo mucho más patente con la renuncia pública de Cuauhtémoc Cárdenas, hasta entonces considerado el líder moral del partido, en medio de una profunda crisis de credibilidad e imagen de éste a raíz de los hechos violentos de Iguala, Guerrero, en los cuales quedó de manifiesto el contubernio existente entre el alcalde de extracción perredista y el crimen organizado para perpetrar la matanza y desaparición de decenas de estudiantes normalistas opositores a su administración.

No obstante, el inicio del declive del PRD es muy anterior a estos acontecimientos y es posible rastrearlo desde 2008 cuando la corriente interna mayoritaria Nueva Izquierda –periodísticamente conocida como “Los Chuchos”- llegó a la dirigencia nacional del partido y comenzó a implementar una estrategia de alianzas político-electorales demasiado pragmática, en la cual la afinidad ideológica y la probidad pública de sus candidatos a diversos puestos de elección popular quedaron en segundo plano ante su nivel de competitividad y posibilidades de triunfo.

Pero no sólo eso. También en el ámbito parlamentario desplegaron una línea de colaboracionismo inescrupuloso a cambio de concesiones presupuestales para sus gobernadores y alcaldes, hasta llegar al punto culmen que catalizó la pérdida de cohesión e identidad cristalizado en el Pacto por México, con cuya participación legitimaron una serie de reformas contra las cuales históricamente se habían opuesto por resultar contrarias a sus postulados ideológicos.

Los resultados electorales del pasado 5 de junio fueron la última advertencia de que el partido había llegado al filo del precipicio al perder poco más de 30 curules en la Cámara de Diputados principalmente ante MORENA, el partido formado por López Obrador, la gubernatura de Guerrero ante el PRI como castigo del electorado por el tema de Iguala, y ocho jefaturas delegacionales en el Distrito Federal ante MORENA y el PRI, en gran medida como resultado de la errática administración de Miguel Ángel Mancera quien irónicamente ni siquiera es militante perredista.

Esta situación propició que las corrientes minoritarias solicitaran la renuncia de Carlos Navarrete al frente del partido, a fin de iniciar un proceso de reflexión y reconstrucción del mismo bajo la conducción de un nuevo liderazgo con capacidad para unificar y conciliar a los diferentes grupos y neutralizar el riesgo de convertirse en la cuarta fuerza política desplazados por el Partido Verde, con lo cual no quedaría lugar a dudas del corrimiento del electorado hacia el centro-derecha y correspondientemente del sistema de partidos.

Sin embargo este proceso de reconstrucción no ha sido del todo atinado y más bien se ha caracterizado por la improvisación y la falta de claridad respecto a la estrategia para lograr tal objetivo. Muestra de ello es la ocurrencia de ofrecer la dirigencia nacional a personajes de la sociedad ajenos ya no se diga a la militancia partidista sino a la izquierda, ignorando o pasando por alto a los cuadros internos formados durante años de militancia sin que necesariamente implique que sean personajes de otra época histórica, como en su momento sí lo fueron Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo o el propio López Obrador.

Pero lo más preocupante es que la búsqueda de este nuevo liderazgo pareciera no estar enfocada a hallar un perfil de fuertes convicciones democráticas que renueve la visión y organización del partido, sino a encontrar a un padre providente que conduzca a las “tribus” infantiles ávidas de orientación y tutela. En otras palabras, pareciera que este partido y en general el resto de las organizaciones partidistas de la izquierda mexicana aún no han alcanzado un nivel de institucionalización tan sólido que les permita sobrevivir ante la ausencia de su líder máximo y/o fundador.

Y es tal y tan apremiante esa necesidad, que la llegada de un personaje tan gris y tan menor en la política y en la intelectualidad como lo es Agustín Basave, ha sido recibida con gran entusiasmo y esperanza en el PRD, a tal punto que diferentes corrientes internas y militantes destacados han enviado señales en el sentido de que podría ser el próximo dirigente.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen, pues quien quiera que sea el personaje que asuma la dirigencia perredista tendrá que pasar necesariamente por la aduana de la competencia en un proceso interno que le otorgue legitimidad, margen y capacidad de operación política. De otra manera el remedio podría resultar más riesgoso que la enfermedad y de ser el caso, entonces al PRD le quedaría muy a modo de descripción del estado crítico por el que atraviesa, la frase que intitula una de las novelas de Jorge Ibargüengoitia: estas ruinas que ves.

Publicado en El Imparcial 13/09/2015

El Día de la Autocomplacencia Presidencial

El 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas disposiciones del Artículo 69 Constitucional a efecto de que a partir de ese mismo año el Presidente de la República se limitara a enviar por escrito su informe anual sobre el estado de la administración pública y evitara acudir el 1 de septiembre a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones al Palacio Legislativo. Esto con la finalidad retórica por parte de los legisladores que impulsaron la reforma, de acabar con el denominado “Día del Presidente” de los tiempos de la hegemonía política priista.

Sin embargo, si se observa un poco el contexto que propició la presentación, debate y aprobación de esa reforma, resulta que detrás del argumento retórico había un sentimiento de agravio y una actitud de mezquindad e inmadurez política, además de una carencia de vocación democrática y republicana hacia las formas de relación entre los poderes constituidos. Esto porque el móvil real de la citada reforma fue el atropellado proceso electoral de 2006, en el cual el entonces presidente Vicente Fox desempeñó un lamentable papel de parcialidad no tanto a favor del candidato de su partido, Felipe Calderón, sino en contra del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

Esa indebida intromisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sugirió que pudo haber influido en el resultado de la elección, fue la causa de  que los legisladores de oposición -principalmente el bloque conformado por el PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano- le impidieran al presidente Fox leer en la tribuna de la Cámara de Diputados el mensaje que había preparado con motivo de su último informe de gobierno.

Al año siguiente, con el encono todavía muy marcado, el presidente Felipe Calderón sólo se limitó a entregar por escrito su informe en un recinto legislativo casi vacío.

Ese fue el contexto real que propició la reforma, sólo que fue recubierto con la demagógica pretensión de acabar con una anquilosada “celebración faraónica” en la cual, más que rendir cuentas, el Presidente derrochaba presunción. Curiosamente, uno de los grupos parlamentarios más entusiastas en la promoción de la reforma que acabó con lo que algún ocurrente llamó el “Día del Presidente”, fue el del PRD. Ahora, ocho años después, este mismo partido ha propuesto en voz del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, que el Presidente de la República regrese al Congreso a dialogar con los legisladores.

Pasando por alto el oportunismo político de Zambrano y suponiendo sin conceder que la clase política ha alcanzado la madurez y civilidad necesarias para evitar hacer de la visita del Presidente al Congreso un espectáculo circense, se trata de una propuesta sensata que rescataría la esencia republicana del acto de informar e incluso podría ir más allá, hacia un diálogo institucional y una auténtica rendición de cuentas a la Nación (representada por los diputados) y a la Federación (representada por los senadores).

Por otra parte, la sensatez y la civilidad no anulan la controversia y la polémica expresada tal vez con aspereza, pero también y principalmente con solidez argumentativa; pues sólo de esa manera se evitaría una actitud triunfalista por parte del Presidente y, por el contrario, se fomentaría una mayor sensibilidad a la crítica constructiva. Sin embargo, se observa complicado que en la actual coyuntura reformar nuevamente la Constitución en este sentido sea una prioridad.

Por otra parte, el decálogo de acciones anunciado por el presidente Peña Nieto durante el mensaje con motivo de la presentación de su Tercer Informe de Gobierno tiene múltiples lecturas y ese era precisamente su objetivo; es decir, que tanto los medios de comunicación como los demás actores políticos se concentraran en analizar las acciones propuestas para dejar en segundo término no sólo los pálidos resultados de su tercer año de mandato -repetidos incesantemente para que a fuerza de costumbre los ciudadanos terminemos creyendo que son verdaderos y tangibles- sino principalmente el entorno crítico en lo económico, lo político y lo social, que resulta difícil discernir si es causa o efecto de las acciones y omisiones de su gobierno; es decir, la inestabilidad del tipo de cambio, la baja en los precios del petróleo, la lenta recuperación económica perceptible solamente en los indicadores estadísticos pero no en la realidad cotidiana, la inseguridad imperante en amplias regiones del país, la autocensura de los medios de comunicación motivada por el temor y las violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas corporaciones  y agencias gubernamentales de seguridad pública.

Pero más allá de ese efecto distractor, lo cierto es que esas acciones tienen un evidente tinte electoral y adolecen de un contradictorio diseño de origen, pues por una parte el Presidente anuncia acciones de austeridad y un presupuesto base cero para 2016, pero por la otra propone crear una secretaría de cultura que en los hechos significa más burocracia y por tanto más gasto corriente destinado al pago de salarios y gastos operativos. Lo electoral, en tanto, está fincado en el anuncio de la rehabilitación de la infraestructura escolar, en la inversión para desarrollar las zonas económicas especiales en el sur del país y en los apoyos a los pequeños productores, que básicamente son subsidios para crear y/o consolidar clientelas electorales.

En fin, que un análisis más detallado del contenido del mensaje presidencial requiere de más espacio del disponible. Así que en resumidas cuentas baste decir que en caso de hacerse realidad la propuesta de que el Presidente regrese al Congreso para rendir cuentas se evitaría la consolidación del 2 de septiembre como el “Día de la Autocomplacencia Presidencial”. 

Publicado en El Imparcial 06//09/2015

Cambiar para que todo siga igual

Los largamente esperados y finalmente anunciados ajustes al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto generan una percepción de superficialidad e insuficiencia frente a un panorama económico, político y social demasiado complejo tanto en lo doméstico como en el entorno global.

Hasta antes del anuncio realizado por el propio Presidente de la República el pasado jueves, las expectativas giraban alrededor de dos objetivos que se suponía debían estar en la lógica presidencial al momento de plantear relevos en su equipo de trabajo. Por una parte, enviar un mensaje de sensibilidad ante la delicada coyuntura nacional e internacional con cambios en las dependencias primordiales de su gobierno en las cuales los resultados generados hasta el momento no son precisamente los más satisfactorios; es decir, las secretarias de Hacienda y Gobernación, cuyos titulares se mantienen intocados pese a que el primero no ha podido hallar la fórmula para impulsar la reactivación económica y, por el contrario, se ha dedicado a buscar en el exterior la justificación para explicar la falta de dinamismo, amén de que su principal resultado ha sido el incremento en 2 millones de personas la cifra de la población en condiciones de pobreza; mientras que el segundo ha fallado en forma exorbitante en el cumplimiento de su responsabilidad prioritaria vigilar casi personalmente la reclusión del narcotraficante más rico y peligroso del mundo, el cual se fugó de un penal de “máxima seguridad” con una maniobra que raya en lo fantástico.

Por otra parte, el segundo objetivo que se suponía debían cumplir los cambios era aterrizar en el equipo de trabajo del Primer Mandatario las palabras pronunciadas por él  mismo durante su visita a la sede nacional del PRI hace algunas semanas, en el sentido de reconectar al partido y a su gobierno con las demandas de los jóvenes, que son el sector mayoritario de la sociedad. Salvo por los casos de Aurelio Nuño (SEP) y Rafael Pacchiano (SEMARNAT), el resto de los nuevos secretarios y titulares de dependencias rebasa los cuarenta años de edad y se antoja difícil que puedan conectar con los más de veinte millones de jóvenes de entre 15 y 24 años.

De modo, pues, que estamos ante un escenario de altas expectativas no satisfechas debido a movimientos que se asemejan más a una rotación de personal que a ajustes estratégicos o “enroques” en un equipo de gobierno. Lo que es más, parecería que los movimientos obedecen a un reconocimiento por parte del Presidente a la meritocracia de personajes de segundo nivel que ahora se integran a su primer círculo de colaboradores no tanto por su probada capacidad de operación política, sino meramente burocrática.

Observados desde la perspectiva de la sucesión presidencial, los ajustes tampoco obedecen al propósito de ampliar el abanico de aspirantes a la candidatura del PRI; ni siquiera en el caso de la llegada de José Antonio Meade a la SEDESOL pues pese a ser un servidor público eficiente que ha logrado mantenerse en la nómina gubernamental de primer nivel durante dos sexenios consecutivos, carece de militancia priista, carisma y capacidad para comunicar. Pero, sobre todo, porque su arribo a esa cartera significa la reincidencia de este gobierno en el mismo error cometido en el pasado de colocar en esa dependencia a un perfil técnico sin mayor conocimiento de la problemática real que padecen los sectores más vulnerables de la sociedad.

Algo similar ocurre con la llegada de Aurelio Nuño a la SEP, institución --por cierto-- dejada a la mano de funcionarios multitasking (“chambistas sería la traducción coloquial) que lo mismo han sido aprendices de diplomáticos (Javier Treviño) que contralores de PROFECO (Alberto Curi). El arribo del “joven maravilla” del gobierno federal a la titularidad de esa dependencia, de cuya temática la revisión de su trayectoria curricular da cuenta de que sabe muy poco, prácticamente significa un triunfo para la visión mercantilista de la educación promovida por “Mexicanos Primero”, que tendrá en el nuevo secretario a un aliado en su objetivo de continuar debilitando a la figura magisterial así como en el de imponer su perspectiva en el diseño e implementación de los contenidos y las políticas educativas.

Por otra parte, la continuidad de Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio debe leerse como un mensaje al interior del PRI de que la alianza entre las elites partidistas del Estado de México e Hidalgo se mantiene vigente y no ha sido mermada en su hegemonía, pese a la salida de Emilio Chuayffet y Jesús Murillo.

Y si de alianzas se trata, el ascenso de Rafael Pacchiano desde una subsecretaria a la titularidad de SEMARNAT refrenda la connivencia con el Partido Verde y a través de éste con las televisoras.

En suma, los ajustes en el gabinete no fueron pensados e implementados para corregir y transformar sino para mantener la continuidad.

En uno de los pasajes más célebres de El gatopardo, Tancredo Falconeri recomienda a Don Fabrizio Corbera que “algo debe cambiar para que todo siga igual”. A juzgar por lo evidente, parece que –tristemente-- ésa es la lógica de los cambios anunciados por el Presidente y el sello particular del ejercicio de la política en este país.

El Imparcial, 30/08/2015.  

Jacobo Zabludovsky y el terrible juicio de las redes sociales

Hace un par de semanas en una entrevista para el diario italiano La Stampa, Umberto Eco cimbró a la opinión pública global con una carga de profundidad al declarar que las redes sociales le han dado el derecho de hablar a “legiones de idiotas” que se sienten “portadores de la verdad” pontificando sobre prácticamente cualquier tema con la misma pretendida autoridad intelectual de un premio Nobel. Como era de esperarse, además de generar una intensa polémica, el autor de El nombre de la rosa fue sentenciado al escarnio público por esas mismas huestes que criticó con dureza.

Si bien sus palabras hicieron blanco justo en el centro de un fenómeno cada vez más frecuente y preocupante como lo es la presteza de las redes sociales para elaborar y difundir juicios poco sustanciales fundados en información tergiversada o tendenciosa, lo cierto es que también plantean entre líneas un debate en torno a los alcances de la libertad de expresión como punta de lanza de lo que podría considerarse como la democratización del conocimiento y de la propia información, que ha dejado de procesarse en las mesas de redacción de la prensa, en las oficinas de alguna agencia gubernamental o en los cubículos universitarios. Ahora es creada, modificada o inclusive eliminada en línea por comunidades virtuales de aficionados -que no necesariamente expertos- a diversos temas.

Lo anterior ha propiciado la creación de una multiplicidad de versiones de la realidad que lejos de cultivar el conocimiento y nutrir a la opinión pública lo distorsionan y la confunden, respectivamente; amén de fomentar una especie de absolutismo moral desde el cual también se juzga y condena a todo aquello que no comulgue con los valores de la versión de la realidad escogida.

Esto último es lo que ha sucedido recientemente en México con el lamentable fallecimiento de Jacobo Zabludovsky, personaje con claroscuros -como sin duda los tienen todos aquellos que han participado en la arena pública- pero ineludible en las futuras reconstrucciones históricas del México contemporáneo.

Apenas un somero asomo a las redes sociales es suficiente para notar cómo ese fenómeno denunciado por Umberto Eco se ha reproducido fielmente: cientos de usuarios de Facebook y Twitter formulando juicios ligeros y poco informados sobre un periodista que fue simultáneamente obra y artesano de su propio tiempo.

No se adelante el lector a concluir que el resto de las líneas de este texto son una apología de Zabludovsky en contra de las huestes de portadores de la verdad que lo han acusado de manipulador de la verdad y vocero oficioso de gobiernos poco o nada comprometidos con la libertad de expresión y la democracia, porque no es la intención; como tampoco lo es aportar combustible a la pira en la que su tribunal inquisitorio ha decidido condenarlo.

Más bien la intención es invitarlo a colocar al personaje en su tiempo histórico y formarse una opinión informada y equilibrada. Es cierto que como el único comunicador de alcance nacional en la etapa embrionaria de la televisión hizo mutis en muchos acontecimientos informativos; pero también lo es que desempeñó un rol fundacional en el periodismo profesional cuya enseñanza se instituyó a nivel universitario hacia los años cuarenta.

Por otra parte, la relación entre el periodismo y el poder tiene dos facetas: una de fiscalización y denuncia de los excesos de los gobernantes y otra de contubernio y ocultamiento de la información. A lo largo de su extensa trayectoria Zabludovsky conoció de cerca esas dos caras y fue precisamente su sensibilidad para identificar el momento de cambiar y su capacidad para rectificar, lo que lo mantuvo vigente hasta el momento de su partida.

Difícilmente habrá entre los cientos de sus inquisidores alguno que tenga esa habilidad y talento.

El Imparcial 05/07/2015 

Los retos de Ricardo Anaya

La elección de Ricardo Anaya como dirigente nacional del PAN ha tratado de presentarse ante la opinión pública por parte de la corriente interna de militantes que apoyaron su postulación, como una oportunidad de renovación, reordenamiento y rescate de la identidad que caracterizó a dicho partido durante muchos años. No obstante, ese optimismo está más forzado por el voluntarioso deseo de superar rápidamente la crisis que atraviesa ese organismo político con una fórmula simplona, que por factores objetivos cuyo análisis permita concluir que, efectivamente, el joven político queretano representa una opción reformadora y claramente opositora al Gobierno Federal.

Lo anterior porque una revisión apenas somera a la trayectoria pública de Anaya da cuenta de que el éxito de su carrera no está basado tanto en sus meritos y talentos personales, como en sus nexos con un grupo de militantes pragmáticos que han desempeñado roles protagónicos tanto en la organización interna del PAN, como en la administración pública y, recientemente, en la interlocución con el PRI-Gobierno para la negociación y aprobación de las llamadas reformas estructurales. De ahí que a diferencia de otros dirigentes nacionales de su partido como Felipe Calderón, Carlos Castillo Peraza o Luis H. Álvarez, Anaya carezca de una sólida formación ideológica y doctrinal, la cual ha sustituido con relativa eficacia explotando su condición y apariencia de juventud, como si ésta por sí sola fuera garantía de cambio y transformación cuando no necesariamente ocurre así. Piénsese por ejemplo en la figura de Manuel Velasco, el también joven gobernador de Chiapas militante del Partido Verde, quien en los comicios locales recientemente realizados en su estado demostró ser un experto conocedor de las peores prácticas antidemocráticas que prevalecieron en el país durante décadas.

Así pues, el supuesto distanciamiento de Anaya respecto a los personajes que lo formaron e impulsaron políticamente, tales como Gustavo Madero y Rafael Moreno Valle se vuelve inevitablemente objeto de suspicacia por más señales que envíe en sentido inverso a los militantes antagonistas a su novel liderazgo; como por ejemplo el intento de nombrar a Marko Cortés como coordinador de los diputados federales del partido, seguida de la aparente “rebelión” de los legisladores afines a Madero externando su deseo de que sea éste quien asuma la conducción del grupo parlamentario.

Si realmente hay en el denominado “joven maravilla” un ánimo transformador de su partido éste se verá cuando asuma tareas realmente apremiantes para limpiar la imagen del panismo, tales como el combate a los “moches” exigidos a gobernadores y alcaldes a cambio de gestionar recursos para el financiamiento de obras y programas durante la discusión del presupuesto de egresos; o bien, si apuesta por construir equilibrios internos incorporando en funciones directivas a grupos disidentes, como el encabezado por su adversario en la contienda por la dirigencia nacional, el senador Javier Corral. Esto, desde luego, si el canto de las sirenas de la sucesión presidencial no logra distraerlo de sus tareas como dirigente, pues de ser el caso caería en el mismo error cometido por dirigentes de otros partidos (Roberto Madrazo en 2006), quienes en lugar de reconstruir y unir para llegar en condiciones competitivas a la disputa electoral, dividieron y polarizaron anteponiendo sus aspiraciones personales al proyecto partidista.

Hace muchos años, cuando el PAN estaba en pleno proceso de tránsito de una oposición testimonial a otra que se había propuesto disputarle abiertamente el poder por la vía electoral al PRI, Carlos Castillo Peraza -probablemente el último líder estatura intelectual que tuvo el panismo- planteó a la militancia el dilema de ganar el poder sin perder el partido.

El periodo de alternancia de 2000 a 2012 y la crisis interna que siguió a la pérdida de la Presidencia de la República evidenció que los panistas fueron incapaces de lograr el propósito planteado por Castillo Peraza; es decir, ganaron el poder pero además de que supieron apenas muy poco sobre qué hacer con él, se perdieron a sí mismos en sus disputas facciosas.

Sin embargo, como las crisis son también oportunidades, Ricardo Anaya está ante la circunstancia de reencontrar a su partido consigo mismo para asumirse como una oposición crítica, fiscalizadora de la actuación gubernamental y promotora de la consolidación de la democracia en el país. No es una tarea fácil, desde luego, pero si en los horizontes que se ha trazado el joven dirigente está el ganar nuevamente el poder, debe ser consciente de que primero tendrá que ganarse al partido auténtico; es decir el de la militancia y no el de las elites cuyas sombras se ciernen hasta ahora sobre su figura.

De pasada: ¿A alguien le sorprende que la Secretaría de la Función Pública haya exonerado al Presidente y al secretario de Hacienda del posible conflicto de interés por sus inmuebles financiados por Grupo Higa?

El Imparcial 23/08/2015