14 sep. 2015

El Día de la Autocomplacencia Presidencial

El 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas disposiciones del Artículo 69 Constitucional a efecto de que a partir de ese mismo año el Presidente de la República se limitara a enviar por escrito su informe anual sobre el estado de la administración pública y evitara acudir el 1 de septiembre a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones al Palacio Legislativo. Esto con la finalidad retórica por parte de los legisladores que impulsaron la reforma, de acabar con el denominado “Día del Presidente” de los tiempos de la hegemonía política priista.

Sin embargo, si se observa un poco el contexto que propició la presentación, debate y aprobación de esa reforma, resulta que detrás del argumento retórico había un sentimiento de agravio y una actitud de mezquindad e inmadurez política, además de una carencia de vocación democrática y republicana hacia las formas de relación entre los poderes constituidos. Esto porque el móvil real de la citada reforma fue el atropellado proceso electoral de 2006, en el cual el entonces presidente Vicente Fox desempeñó un lamentable papel de parcialidad no tanto a favor del candidato de su partido, Felipe Calderón, sino en contra del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

Esa indebida intromisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sugirió que pudo haber influido en el resultado de la elección, fue la causa de  que los legisladores de oposición -principalmente el bloque conformado por el PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano- le impidieran al presidente Fox leer en la tribuna de la Cámara de Diputados el mensaje que había preparado con motivo de su último informe de gobierno.

Al año siguiente, con el encono todavía muy marcado, el presidente Felipe Calderón sólo se limitó a entregar por escrito su informe en un recinto legislativo casi vacío.

Ese fue el contexto real que propició la reforma, sólo que fue recubierto con la demagógica pretensión de acabar con una anquilosada “celebración faraónica” en la cual, más que rendir cuentas, el Presidente derrochaba presunción. Curiosamente, uno de los grupos parlamentarios más entusiastas en la promoción de la reforma que acabó con lo que algún ocurrente llamó el “Día del Presidente”, fue el del PRD. Ahora, ocho años después, este mismo partido ha propuesto en voz del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, que el Presidente de la República regrese al Congreso a dialogar con los legisladores.

Pasando por alto el oportunismo político de Zambrano y suponiendo sin conceder que la clase política ha alcanzado la madurez y civilidad necesarias para evitar hacer de la visita del Presidente al Congreso un espectáculo circense, se trata de una propuesta sensata que rescataría la esencia republicana del acto de informar e incluso podría ir más allá, hacia un diálogo institucional y una auténtica rendición de cuentas a la Nación (representada por los diputados) y a la Federación (representada por los senadores).

Por otra parte, la sensatez y la civilidad no anulan la controversia y la polémica expresada tal vez con aspereza, pero también y principalmente con solidez argumentativa; pues sólo de esa manera se evitaría una actitud triunfalista por parte del Presidente y, por el contrario, se fomentaría una mayor sensibilidad a la crítica constructiva. Sin embargo, se observa complicado que en la actual coyuntura reformar nuevamente la Constitución en este sentido sea una prioridad.

Por otra parte, el decálogo de acciones anunciado por el presidente Peña Nieto durante el mensaje con motivo de la presentación de su Tercer Informe de Gobierno tiene múltiples lecturas y ese era precisamente su objetivo; es decir, que tanto los medios de comunicación como los demás actores políticos se concentraran en analizar las acciones propuestas para dejar en segundo término no sólo los pálidos resultados de su tercer año de mandato -repetidos incesantemente para que a fuerza de costumbre los ciudadanos terminemos creyendo que son verdaderos y tangibles- sino principalmente el entorno crítico en lo económico, lo político y lo social, que resulta difícil discernir si es causa o efecto de las acciones y omisiones de su gobierno; es decir, la inestabilidad del tipo de cambio, la baja en los precios del petróleo, la lenta recuperación económica perceptible solamente en los indicadores estadísticos pero no en la realidad cotidiana, la inseguridad imperante en amplias regiones del país, la autocensura de los medios de comunicación motivada por el temor y las violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas corporaciones  y agencias gubernamentales de seguridad pública.

Pero más allá de ese efecto distractor, lo cierto es que esas acciones tienen un evidente tinte electoral y adolecen de un contradictorio diseño de origen, pues por una parte el Presidente anuncia acciones de austeridad y un presupuesto base cero para 2016, pero por la otra propone crear una secretaría de cultura que en los hechos significa más burocracia y por tanto más gasto corriente destinado al pago de salarios y gastos operativos. Lo electoral, en tanto, está fincado en el anuncio de la rehabilitación de la infraestructura escolar, en la inversión para desarrollar las zonas económicas especiales en el sur del país y en los apoyos a los pequeños productores, que básicamente son subsidios para crear y/o consolidar clientelas electorales.

En fin, que un análisis más detallado del contenido del mensaje presidencial requiere de más espacio del disponible. Así que en resumidas cuentas baste decir que en caso de hacerse realidad la propuesta de que el Presidente regrese al Congreso para rendir cuentas se evitaría la consolidación del 2 de septiembre como el “Día de la Autocomplacencia Presidencial”. 

Publicado en El Imparcial 06//09/2015

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