Legalizar o no legalizar ¿esa es la cuestión? I

Desde hace algunos años el tema de la legalización de las drogas duras en México ha estado presente en el debate sobre las políticas y estrategias adecuadas para combatir a los grupos delincuenciales que lucran con su producción y trasiego.

Se trata de una propuesta polémica debido a la enorme carga moral que se le ha dado al problema del narcotráfico, asociado con niveles de violencia que han escalado en forma tan alarmante, que según los últimos datos de los organismos de seguridad pública, de 2006 a la fecha han producido más de 28 mil muertes, entre las que se cuentan altos oficiales del Ejército, autoridades locales de procuración de justicia y recientemente un candidato a Gobernador de un estado del norte del país donde dicha actividad ha proliferado con más intensidad debido a la cercanía del mayor mercado de consumo a nivel mundial, que es Estados Unidos.

Si bien violencia y narcotráfico son dos problemas estrechamente asociados, en la actualidad resulta difícil distinguir cuál de los dos ha sido el que mayores estragos ha causado en el deterioro del tejido social, o si más bien ambos son resultado de este proceso, cuya gestación inició cuando menos hace 25 años, con el cambio del modelo económico que en teoría debería de impulsar el crecimiento y el desarrollo.

Desde luego yo no soy experto en el tema, ni pretendo pasar como tal, pero las observaciones que expondré a continuación respecto a la legalización de los narcóticos no precisan de un amplio conocimiento y sí más bien de un mínimo de sentido común y nociones lógicas.

Así pues, el primer problema que se observa en la falla de las estrategias que hasta ahora se han aplicado en el presunto combate al narcotráfico y sus problemas adyacentes, es la visión moral desde la que se concibe y evalúa a esa actividad, porque le confiere una valoración negativa y hasta estigmatizante a quienes se dedican a ella, cuando en realidad se debería de cambiar la perspectiva y entender que se trata de un problema fundamentalmente económico, asociado a la ineficacia distributiva del modelo de crecimiento prevaleciente, que no ha generado las oportunidades de movilidad social suficientes para que los individuos de diferentes regiones del país puedan subsistir y prosperar dentro de los cauces de lo legalmente aceptable.

Si se dejara de caracterizar a las personas que participan en la cadena productiva de los narcóticos como agentes desestabilizadores del sistema social (en el que están incluidas la política y la economía) y se les comenzara a observar como agentes económicos activos y relativamente exitosos, la situación cambiaría radicalmente, porque entonces se entendería que lo que hace tan atractiva y arriesgada a su actividad comercial es la alta rentabilidad que genera, aunque aquí cabría precisar que los beneficios de ésta no se reparten necesariamente en forma equitativa o proporcional al trabajo realizado por cada uno de los elementos que intervienen en la producción, si no que, como ocurre en otras actividades económicas legales relacionadas con el agro, las mayores ganancias las obtienen los intermediarios y no los productores.

Así por ejemplo, si en las condiciones actuales de prohibición de la producción, distribución y venta de los diferentes tipos de drogas, lo que les agrega plusvalía como productos son los costos logísticos necesarios para que lleguen al consumidor final, la intercepción de un cargamento cuyo valor estaba calculado en 500 mil pesos, muy probablemente se incremente en forma considerable para el mercado receptor en la siguiente entrega debido a estos factores: a) la escasez y las dificultades implícitas en la producción; b) su nivel de demanda; y c) la exploración nuevas rutas de transporte o la corrupción de las autoridades y corporaciones policíacas encargadas de combatir el trasiego y evitar su distribución.

Bajo esta lógica cabría entonces preguntarse si el supuesto combate al narcotráfico realmente pretende mitigar el problema o, por el contrario, maximiza sus beneficios económicos a costa del deterioro de una de las pocas instituciones del Estado que se habían mantenido relativamente sólidas, estables y prestigiadas, como lo es el Ejército, cuya oficialidad además de ser susceptible de ser corrompida, al permanecer durante prolongados periodos de tiempo en las calles puede tejer redes sociales que en un momento dado le otorgarían su respaldo en la organización y ejecución de un golpe de Estado, por muy dramático o exagerado que esto pueda parecer; o en el extremo opuesto, que la sociedad le retire su apoyo y simpatías a causa de los excesos en los que incurra debido al cumplimiento de funciones que deberían de desempeñar corporaciones civiles de seguridad pública.

El anterior es uno de los tantos argumentos que pueden emplearse para impulsar la legalización de la producción, distribución y venta de narcóticos, tales como la mariguana y los derivados de los opiáceos.  Además de que en términos de racionalidad administrativa, es mucho mayor el costo que el Estado eroga en el mantenimiento de una estrategia reactiva que no ataca al punto medular del problema, que son las cuantiosas ganancias que dichas actividades económicas generan, que el que implicaría legalizar sus operaciones y su consumo.