Peña y el poder presidencial

Contrario a la opinión generalizada de los presuntos líderes de opinión y analistas políticos -que no precisamente politólogos- vertidas recientemente en la prensa escrita y electrónica, no encuentro motivos suficientes para laurear los primeros 100 días del actual gobierno federal, ni las expectativas generadas a su alrededor.

Las causales de tal escepticismo tienen sustento analítico en los siguientes factores, que para su mejor exposición han sido divididos en dos aspectos, uno político y otro económico.

En el primero de ellos se puede vislumbrar, detrás de la bien elaborada estrategia de comunicación política e imagen que ha sido diseñada y dirigida desde la Oficina de la Presidencia de la República específicamente hacia sector de la opinión pública más informado y analítico, un intento por reconcentrar el poder que la institución presidencial había perdido por efecto de reformas al marco constitucional que establece sus facultades, así como por el ineficaz ejercicio de la autoridad por parte de los Presidentes de la República surgidos de la alternancia.

Tal reconcentración si bien apunta a conferir eficacia al proceso decisorio, conlleva el riesgo de restauración de prácticas antidemocráticas ancladas a la figura presidencial durante la prolongada etapa de gobierno en la cual el Presidente era visto como el jefe político único de todo el país al cual debían de someterse todos los demás liderazgos formales y de facto.

Al respecto, pueden enunciarse las siguientes decisiones y acontecimientos ocurridos durante los 100 días transcurridos del actual gobierno:

1.- Elección de César Camacho Quiroz, ex gobernador del Estado de México –entidad de la cual es originario el Presidente y el grupo político al cual pertenece y en cual se formó políticamente- como dirigente nacional del PRI sin que mediara un proceso de competencia por dicho cargo al interior del partido.

Esta decisión permite al Presidente, o con más precisión, al grupo político gobernante, tener una comunicación directa con la estructura del partido para agilizar la toma de decisiones relacionadas con la implementación de las políticas públicas tanto en su negociación horizontal (búsqueda de consensos en la relación con el Legislativo) como en su penetración regional (negociación Ejecutivo federal-Gobernadores), así como la operación electoral que permita al partido mantener e incrementar los niveles de apoyo al gobierno.

2.- Inclusión del Presidente de la República como integrante del Consejo Político Nacional y la Comisión Política Permanente del PRI, que son las instituciones responsables del funcionamiento interno del partido y, principalmente, de delinear los requisitos de elegibilidad de los candidatos a puestos de elección popular; con lo cual el Presidente podrá tener injerencia directa en el avance o estancamiento de la carrera política de los militantes del partido, así como establecer o fortalecer los vínculos de lealtad personal y disciplina por parte de los militantes hacia el jefe del Ejecutivo.

3.- Cambio de los Estatutos del PRI para permitir un eventual incremento del IVA y la apertura del sector energético a la inversión privada, el cual fue operado precisamente por César Camacho alineando a los sectores tradicionalmente más movilizados del partido, como las organizaciones sindicales y campesinas, al proyecto de gobierno del Ejecutivo.

4.- Detención y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Representa un “golpe de mano” que envía la señal a todos los grupos y liderazgos políticos que pudieran mostrar alguna oposición al Presidente y su proyecto de gobierno, en el sentido de que son vulnerables y no deben desafiar al poder político dominante.

5.- Intención de regular la capacidad de endeudamiento de los estados. Es un curso de acción contenido en el Pacto por México, que es un mecanismo mediante el cual los partidos opositores se alinean a la agenda pública del gobierno federal, mediante el cual se pretende clausurar uno de los mecanismos que durante los gobiernos de la alternancia permitieron a los gobernadores amplios márgenes de acción para tomar decisiones e implementar medidas de política pública sin contar necesariamente con la validación de las instituciones del centro. Cerrar la llave del financiamiento mediante la contratación de deuda conlleva una reducción del margen de maniobra de los gobiernos locales.

En el aspecto económico no se observan visos claros que demuestren que la intención discursiva del actual gobierno de “transformar al país”, aterrice en acciones concretas y eficaces, máxime cuando esa presunta transformación se ancla a temas sociales como la inseguridad pública y la pobreza.

Al respecto, la acción más destacada ha sido el anuncio de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, que en estricto sentido es un programa asistencial dirigido únicamente a paliar los efectos negativos más apremiantes de una política económica que se ha mantenido sin cambios sustanciales desde hace cuando menos 30 años.

Paradójicamente, esa “Cruzada” coexiste con la intención altamente probable de convertirse en hecho consumado de la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, bajo una lógica fiscal difícil de asimilar precisamente para los amplios sectores populares, que no han tenido un incremento real en el poder adquisitivo de su salario en más de 30 años y, por el contrario, éste ha perdido su capacidad de compra en cerca de 70% desde 1970. A esta situación habrís que sumarle el “deslizamiento” gradual de los precios de los energéticos para controlar la inflación y presuntamente dejar de subsidiar a los sectores con ingresos medios para poder concluir que la “Cruzada contra el Hambre” y cualquier otra medida paliativa, son sólo programas de efecto publicitario, sin capacidad real para propiciar un cambio sustancial en las condiciones de vida de los sectores más pauperizados.

En relación con lo anterior se encuentra el presunto cambio en la estrategia de seguridad pública, que pretende pasar con novedosa y eficaz únicamente porque incluye apenas superficialmente el factor de prevención social del delito. Sin embargo, el aspecto reactivo de dicha estrategia adolece del mismo error que las estrategias implementadas por los últimos tres gobiernos federales, es decir, cambiar las siglas de las corporaciones policíacas y crear otras nuevas al vapor, echando mano de las tropas militares acondicionadas como cuerpos civiles, como será el caso de la futura Gendarmería Nacional.

Una estrategia eficaz debería incluir medidas de reconstrucción del tejido social, de rescate de las células básicas de interacción social como son la familia y la escuela, los espacios de convivencia, la política de vivienda y desarrollo urbano, así como el impulso al desarrollo de la economía agropecuaria.

Ya será ocasión para otro análisis la ausencia de vinculación entre la política educativa que se ha pretendido también vender como un logro y potencial palanca de desarrollo (centrándose únicamente en la educación básica, necesaria para formar ejércitos de maquiladores), con la política laboral, que debido a las reformas más recientes pareciera condenar a los trabajadores presentes y futuros a salarios de subsistencia, puestos de trabajo carentes de seguridad laboral y precaria seguridad y previsión social.

La intención de este análisis no es señalar chabacanamente los errores del nuevo gobierno, sino contrastar su estrategia de corporate branding, con la apremiante realidad nacional; ante la cual los discursos y las medidas superficiales son apenas paliativos ineficaces.

Empero, habrá que conferirle el saludable beneficio de la duda con la esperanza –término que adquiere matices escatológicos que desdibujan un pretendido análisis político- de que la sociedad más democrática o (si se quiere) menos tradicional que prevalece en México, sabrá anteponer sus reclamos y necesidades como barreras ante los eventuales intentos de restauración autoritaria.