26 ago. 2015

El Partivo Verde y el INE, qué tanto es tantito

Es común que después de un proceso electoral -como el que tuvo lugar el pasado 6 de junio- los partidos políticos entren en una etapa de evaluación interna de su desempeño en función de los resultados obtenidos, seguida inmediatamente por los ajustes que consideren convenientes para emprender nuevas estrategias que les permitan alcanzar sus objetivos primordiales: ganar y conservar el poder, en el caso de los partidos gobernantes, y fiscalizar al gobierno y disputarle el poder, en el caso de los partidos opositores.

En México los principales partidos se encuentran en una fase de reacomodos con miras a la gran batalla electoral de 2018, en la que se disputará la Presidencia de la República. En ese horizonte se enmarcan los procesos de renovación de las dirigencias nacionales del PRI y el PAN, así como el ajuste de cuentas entre “las tribus” sobrevivientes del PRD, que exigen el sacrificio y sustitución de su actual dirigente nacional.

En los tres casos es notoria la precaria transparencia y equidad de las reglas para normar la sustitución de sus elites dirigentes, lo cual resulta irónico y paradójico pues los principales promotores de la democracia adolecen de métodos democráticos para conducir su vida interna.

Sin embargo esa circunstancia no es exclusiva de los grandes partidos, también ocurre y quizá en mayor grado entre los partidos medianos y pequeños, sólo que no es tan visible debido al poco interés mediático que suscitan esas organizaciones; o por lo menos así ocurría hasta antes de la desaseada emergencia del Partido Verde en la pasada contienda electoral, cuando emprendió una agresiva campaña publicitaria de posicionamiento de su marca-producto mucho antes de los tiempos marcados por la ley para el inicio formal de las campañas electorales.

Posteriormente, ya durante la campaña, vulneró la protección de los datos personales de cientos de miles de ciudadanos al enviarles aleatoriamente por correo postal diversos productos promocionales. Pero ahí no terminó su violación de las reglas de la competencia electoral, pues el día de las votaciones se valió de las cuentas en redes sociales de diversas figuras públicas para promocionar el voto a favor de sus candidatos.

Ante esa violación sistemática de la legislación electoral se hubiera esperado una respuesta enérgica por parte de la autoridad, en la que incluso la aplicación del castigo máximo para un partido infractor que es el retiro de su registro se percibía viable. Pero en vez de eso, el INE sentó un preocupante precedente de la interpretación y aplicación de la ley a voluntad de los consejeros, bajo la sombra de presiones y en respuesta a intereses particulares, lo cual vulnera el principio de autonomía del árbitro electoral.

En este sentido, el argumento esgrimido por el consejero presidente del INE, el mismo que fue exhibido en una conversación telefónica privada en la que se mofaba de un presunto líder indígena, es que el retiro del registro hubiera significado lesionar los derechos políticos de los militantes de dicho partido; sin reparar en que las acciones emprendidas por el Verde violaron el principio de equidad en la contienda. Y aunque el planteamiento es válido, la señal enviada a la sociedad es que la autoridad encargada de aplicar la ley puede torcerla y que no importa transgredirla, porque el castigo nunca será proporcional a la falta.


Eso representa un golpe a la legalidad, al desarrollo democrático y al Estado de Derecho. Pero en la lógica de los consejeros del INE, qué tanto es tantito. 

El Imparcial, 16/08/2015

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