14 ene. 2016

Legalizar o no legalizar, ¿esa es la cuestión?

El amparo concedido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMART) para consumir marihuana con fines recreativos ha conferido seriedad y relevancia al debate en torno a la legalización de las drogas como mecanismo neutralizar los índices de violencia y criminalidad asociados al narcotráfico en México.

No obstante, más allá del dilema de legalizar o no la producción, comercialización y consumo de marihuana, que es la única droga que ha suscitado una suerte de frente común internacional en contra del prohibicionismo gubernamental, hay una realidad más compleja. Y es que, en efecto, el narcotráfico y la drogadicción son dos problemas que pueden ser enfocados desde múltiples ángulos de los cuales, a su vez, surgen múltiples explicaciones e igualmente múltiples intentos de solución vinculados todos ellos a la prohibición y al combate punitivo, pero apenas muy poco a la prevención. En este sentido es muy atinado el diagnóstico de Pablo Girault, integrante de la asociación amparada por la Corte, cuando afirma que “la política prohibicionista no ha generado ni un solo bien, sino muchos males, incluyendo más de 100 mil muertos, 70 mil desaparecidos, 270 mil desplazados (…) El tema de fondo no es si podemos fumar marihuana o no… no quiero que me lo diga el Estado, sino yo decidirlo” [El Universal, 05/11/2015].

De modo que un paso previo al dilema de la legalización o no de las drogas y a su respectivo debate es diferenciar claramente entre narcotráfico y drogadicción, pues aunque son problemas vinculados cada uno precisa tratamientos diferenciados; amén de que tener clara la distinción ayuda a elevar el nivel argumentativo del debate y evitar dislates tan lamentables como el del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, quien haciendo gala de su doctoral desinformación declaró hace poco que las “elites empresariales o gubernamentales” y no el Poder Judicial serían las que decidirían sobre el amparo a SMART.

Así pues, en el caso de la drogadicción la cuestión no es si la legalización elevará los índices de adictos, agravando con ello un problema de salud pública, sino adicionalmente a la política de prohibición qué ha hecho el Estado para evitar que dichos índices crezcan. A juzgar por las estadísticas parece que muy poco, pues según datos de la encuesta más reciente sobre adicciones publicada en 2011, el consumo de drogas ilegales en México se duplicó en una década al pasar de 0.8 a 1.5% entre personas de 12 a 65 años de edad. Pero no sólo eso. Según estimaciones de especialistas en salud pública de la UNAM, el consumo de marihuana ya supera al del tabaco en 18 estados del país; además de que la edad promedio de consumo ha disminuido de los 15 a los 12 años de acuerdo con información recabada por Instituto para la Atención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA). Estos datos obligan no sólo a reflexionar sobre la eficacia de las políticas de prevención, sino a preguntarse algo todavía más básico que es porqué las personas se están drogando a edades más tempranas, cuáles son las causales del entorno social, familiar e individual que están empujando a los niños y jóvenes a consumir drogas, pues no se trata únicamente de falta de información.

Por otra parte, en lo que hace al problema del tráfico de drogas la legalización sería una solución parcial, probablemente no tan efectiva para paliar todos los efectos de la problemática de criminalidad que circunda a esa actividad que hasta ahora ha sido afrontada como un problema de seguridad pública, empleando a la fuerza policial y militar para combatir a la estructura operativa de los cárteles con el objetivo de debilitar su capacidad de fuego, pero se ha hecho muy poco en el aspecto medular que es el financiero, a tal punto que la DEA ha llegado a estimar que en la economía nacional hay un excedente de entre 9 mil y 10 mil millones de dólares no justificados por una fuente legítima de ingresos. En otras palabras, se ha hecho muy poco en el combate al lavado de dinero.

Una solución integral tendría que pasar necesariamente por enfocar al narcotráfico como lo que realmente es: una actividad altamente lucrativa que genera ganancias anuales de alrededor de 40 mil millones de dólares, según cálculos de algunas agencias internacionales y centros académicos. Al respecto, paradójicamente el combate policíaco-militar lejos de vulnerar esta faceta del fenómeno la encarece, pues el decomiso de un cargamento propicia que el valor del siguiente aumente por los costos logísticos (nuevas rutas, nuevos métodos de embalaje, incremento de las sumas destinadas a la corrupción o cooptación de las autoridades locales, etcétera) y la inelasticidad de la demanda. Sin embargo esta solución también tendría que acompañarse de una estrategia para sustituir  las entradas de dinero ilícito por dinero lícito a la economía, a fin de que cuando el tráfico de drogas eventualmente deje de ser una actividad comercial fuertemente atractiva, se compense el flujo de ingresos que se dejaría de recibir por concepto de trasiego de estupefacientes, así como para poder incorporar a la economía formal y legal al poco más de medio millón de personas que participan actualmente de forma directa en la economía narca (en este sentido la revista Este País estimó en 2009 que el narcotráfico era el quinto empleador más grande de México).

Asimismo, para debilitar al narcotráfico como negocio altamente rentable dicha solución tendría que mapear con claridad la ruta del dinero. Y es ahí donde el riesgo de pisar cayos de gente “decente” se volvería muy alto, porque implicaría rastrear en el sistema bancario el origen y destino de esos recursos. De ahí quizá la persistencia gubernamental en la estrategia reactiva de combate policial y el aparente poco impulso a las investigaciones de inteligencia financiera.

Visto desde esta amplia perspectiva, el dilema de legalizar o no la marihuana parece muy menor, pero lo importante es que con el fallo de la Corte -así sea por el momento limitado únicamente a las cuatro personas integrantes de SMART- se ha elevado el nivel del debate, obligando al Legislativo y al Ejecutivo a enfocar el problema desde nuevos ángulos para idear e implementar soluciones diferentes a la punición y la prohibición.  


O al menos eso es lo que parece. 

Publicado en El Imparcial 06/11/2015

No hay comentarios.: