Acerca de la gobernabilidad

La ciencia política, como el resto de las ciencias sociales, no está exenta de las tendencias y las modas académicas, que portan consigo su respectivo marco conceptual.

El concepto gobernabilidad seguido del adjetivo “democrática”, tuvo su época de auge en el léxico de la política hasta hace apenas algunos años, cuando fue desplazado por una variante más literal de la traducción de la voz inglesa governance, es decir, por la gobernanza.

A su vez, ambos conceptos eran prácticamente poco empleados en los países de habla hispana, hasta antes de la década de los noventa, cuando el vocablo empleado para designar la capacidad del gobierno constituido respecto a la capacidad de generar consensos, mantener su legitimidad y ejercer eficazmente el poder político, era el de gobernación. Antes, hacia 1975, Samuel Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki habían escrito The crisis of democracy: report on the governability of democracies to the Trilateral Commission, donde emplearon por primera vez el término con la connotación con la que se le emplearía más tarde.

En efecto, a principios de los años noventa una nueva realidad política se estaba configurando en diversas regiones del mundo. En Europa del Este la caída del muro de Berlín significó el derrumbe del mundo socialista, que se confirmaría apenas un par de años más tarde, en 1991, con la disolución oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En América Latina, diversos países del Cono Sur que habían padecido el yugo de las dictaduras militares, iniciaban el tránsito hacia regímenes democrático-liberales, en un contexto marcado por la urgencia de emprender medidas de ajuste económico, con la finalidad de sanear las finanzas públicas y asegurar la viabilidad de los nuevos gobiernos, electos democráticamente.

Esta situación exigía capacidad y habilidad política para construir acuerdos y consensos entre los diversos sectores sociales, a fin de que las medidas de ajuste que debían ser implementadas, contasen con el respaldo y la legitimidad del conjunto de la sociedad.

Tal fue –grosso modo- el contexto histórico en el que se comenzó a hablar de la “gobernabilidad democrática”, expresión que en si misma es redundante, pues la gobernabilidad al pretender como objetivo principal la construcción de consensos en torno a las decisiones del gobierno, es necesariamente democrática.

Ningún acuerdo generalizado puede obtenerse por la vía de la coerción.

La gobernabilidad está relacionada con uno de los tópicos clásicos de la filosofía política, que es el del buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que ejerce con eficacia el poder político, que mantiene el orden y la cohesión social antes que por la fuerza –que debe de ser siempre el último recurso- por la habilidad política, la toma de decisiones acertadas y la eficaz administración de los medios y los recursos empleados para transformar aquellas decisiones en programas de gobierno y cursos de acción política.

Los factores que determinan la gobernabilidad en un Estado están en función de la capacidad del gobierno para formar una agenda de debate de temas públicos con los otros interlocutores institucionales, es decir, las cámaras legislativas, los niveles estatal y local de gobierno, los partidos políticos y grupos de interés; así como por la dinámica de las estructuras sociales y económicas que sostienen al propio Estado.

Difícilmente un solo actor político o social puede afectar la gobernabilidad de un país, a reserva de que cuente con una amplia red de respaldo social, político o económico, como fue el caso, por ejemplo, de las guerrillas colombianas durante los años ochenta y noventa o como es el caso de actores extra institucionales como las grandes organizaciones delictivas, relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

De hecho, en la coyuntura que enfrenta el Estado mexicano no existe ni un solo actor institucional que represente un riesgo para la gobernabilidad. En cambio actores extra institucionales hay por lo menos dos: las bandas de narcotraficantes y la guerrilla que opera al sur del país, la cuale han demostrado que siendo un grupo pequeño, cuentan con la capacidad logística para sabotear la infraestructura estratégica de México.

Aunada a estos factores está la dinámica económica, que en el corto plazo muestra un escenario de desaceleración del crecimiento y el desarrollo, además de una profundización de la brecha de distribución del ingreso.

El claro ejemplo de lo que no debe de ser México, a fin contener el potencial estallido de la ingobernabilidad, es Colombia. Ése país sudamericano representa una importante lección para el Estado mexicano, en el sentido de evitar que el narcotráfico establezca alianzas con grupos políticos subversivos como las guerrillas y con los altos mandos policíacos y militares, tal como sucedió en aquél país durante los años ochenta y noventa, y como parece que comienza a acontecer de forma alarmante en algunos estados del nortey noreste de México.

En fin, quisiera ganar en precisión lo que no he ganado en extensión. Sin embargo soy conciente de que el tratamiento de estos temas generalmente resulta aburrido y es en cierta medida excluyente debido a su carácter local, que limita las posibilidades de emitir una opinión a los lectores de otras latitudes.

Así que aquí concluyo mi explicación del significado del establishment y la gobernabilidad.



P.S En forma harto desconsiderada utilicé la expresión “aggiornamiento ideológico”, que está construida con la conversión en adverbio del verbo aggiornare, actualizar, poner al día. Básicamente aggiornamiento ideológico alude a la etapa de actualización de los planteamientos ideológicos de las izquierdas europeas, que tuvo lugar durante la década de los setenta.

Una disculpa sentida.