El llamado al voto nulo encierra en si mismo la paradoja de emplear un mecanismo democrático, el sufragio, para vulnerar a la propia democracia. Aunque esto no es novedoso. Ya desde el siglo XVIII muchos teóricos políticos habían señalado ésa situación como una de las contradicciones del método democrático de gobierno.
Pero más importante aún, el empleo de ése mecanismo en un sistema electoral de mayoría simple como lo es el que prevalece en México, esto es, uno en el que no importa el número de votos obtenidos respecto al total de electores, siempre y cuando sean los suficientes para determinar a un ganador de la contienda, sirve solamente para presionar por la vía de la opinión pública a una clase política que ciertamente ha cometido demasiados errores y que continúa siendo prácticamente la misma de hace 20 o 30 años, para que discuta y en su caso procese determinadas demandas sociales.
En la hora actual, la principal demanda de los grupos y organizaciones que han llamado a anular el voto, es la generación de orden social y seguridad pública, no como una condición para el desarrollo, sino como un requisito para la protección de la propiedad privada.
Dicha demanda, es desde luego legítima y comprensible, pero está demasiado tirada hacia la derecha del espectro ideológico, pues en una sociedad donde hay más de 50 millones de personas en condición de pobreza y dentro de éstas, unas 20 millones en condiciones de pobreza extrema, el Estado, o el gobierno, para no meternos en complicaciones teóricas, debería de asumir como prioridad la solución de éste problema.
Y aquí está precisamente el carácter netamente derechoso del gobierno del presidente Calderón: priorizar la generación del orden social y la seguridad vía la famosa guerra contra el narcotráfico, por encima del combate a la pobreza.
Y no, no se trata de hacer apología soterrada de las estupideces ideológicas que plantean López Obrador y sus gatos dizque izquierdosos, combativos y sectarios ("estaríamos mejor con López Obrador"). Se trata de llamar la atención al hecho de que mientras otros políticos tratan de meter otros temas en la agenda pública, tales como una mejoría en los servicios de seguridad social que ofrece el Estado, o la generación de mayores y mejores condiciones de fomento al crecimiento y desarrollo económico, lo cual habla de que en realidad tienen una perspectiva ideológica diferente respecto a la del gobierno del presidente Calderón, algunos grupos de la sociedad civil aprovechandose del clima de descontento y desánimo social prevaleciente, llaman a exigir orden mediante una medida de presión discursiva que incluye la frase “todos los políticos son iguales” y mediante un recurso democrático que, mal empleado como se pretende, habrá de despolitizar a amplios sectores de la sociedad.
En este escenario sólo hay dos partidos políticos que podrían beneficiarse con ése llamado a anular el voto: el PRI y el PAN.
Pero más importante aún, el empleo de ése mecanismo en un sistema electoral de mayoría simple como lo es el que prevalece en México, esto es, uno en el que no importa el número de votos obtenidos respecto al total de electores, siempre y cuando sean los suficientes para determinar a un ganador de la contienda, sirve solamente para presionar por la vía de la opinión pública a una clase política que ciertamente ha cometido demasiados errores y que continúa siendo prácticamente la misma de hace 20 o 30 años, para que discuta y en su caso procese determinadas demandas sociales.
En la hora actual, la principal demanda de los grupos y organizaciones que han llamado a anular el voto, es la generación de orden social y seguridad pública, no como una condición para el desarrollo, sino como un requisito para la protección de la propiedad privada.
Dicha demanda, es desde luego legítima y comprensible, pero está demasiado tirada hacia la derecha del espectro ideológico, pues en una sociedad donde hay más de 50 millones de personas en condición de pobreza y dentro de éstas, unas 20 millones en condiciones de pobreza extrema, el Estado, o el gobierno, para no meternos en complicaciones teóricas, debería de asumir como prioridad la solución de éste problema.
Y aquí está precisamente el carácter netamente derechoso del gobierno del presidente Calderón: priorizar la generación del orden social y la seguridad vía la famosa guerra contra el narcotráfico, por encima del combate a la pobreza.
Y no, no se trata de hacer apología soterrada de las estupideces ideológicas que plantean López Obrador y sus gatos dizque izquierdosos, combativos y sectarios ("estaríamos mejor con López Obrador"). Se trata de llamar la atención al hecho de que mientras otros políticos tratan de meter otros temas en la agenda pública, tales como una mejoría en los servicios de seguridad social que ofrece el Estado, o la generación de mayores y mejores condiciones de fomento al crecimiento y desarrollo económico, lo cual habla de que en realidad tienen una perspectiva ideológica diferente respecto a la del gobierno del presidente Calderón, algunos grupos de la sociedad civil aprovechandose del clima de descontento y desánimo social prevaleciente, llaman a exigir orden mediante una medida de presión discursiva que incluye la frase “todos los políticos son iguales” y mediante un recurso democrático que, mal empleado como se pretende, habrá de despolitizar a amplios sectores de la sociedad.
En este escenario sólo hay dos partidos políticos que podrían beneficiarse con ése llamado a anular el voto: el PRI y el PAN.
2 comentarios:
claro la defensa de los bienes materiales via seguridad publica representa estar quedando bien con un sector de la poblacion que... pues eso... tiene bienes.
los demas que sigan descalzos.
derecha asquerosa.
yo si voy a votar y no en blanco.
Pfff... eso de la política cada vez me enoja más y es un tema que yo creo que no tendría fin...
La verdad a la hora de votar yo ya no me voy por el partido... mejor trato de analizar más al candidato...
un saludo grande
su.
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